

Panorama de las criptomonedas en China: claves para entender la regulación
La regulación de Bitcoin y las criptomonedas en China constituye una de las intervenciones gubernamentales más exhaustivas en el ecosistema de activos digitales. Los cambios en la postura oficial han influido de manera decisiva en los mercados globales y en el debate regulatorio internacional. Estos son los puntos fundamentales que hay que conocer:
En 2017, China prohibió por completo las plataformas de trading de criptomonedas y las Initial Coin Offerings (ICO), reconfigurando de forma radical el entorno cripto nacional. No obstante, la posesión privada de Bitcoin permanece en una zona gris legal, lo que genera incertidumbre tanto para particulares como para empresas.
La prohibición responde a tres motivos principales: la imposición de controles estrictos sobre los flujos de capital para evitar su fuga, la prevención del fraude masivo dirigido a la población más vulnerable y la defensa del monopolio del banco central en la emisión de moneda y la política monetaria.
Casos emblemáticos como el fraude de Qian Zhimin (5 000 millones de libras) y la disputa entre Estados Unidos y China por la incautación de 13 000 millones de dólares en Bitcoin ponen de relieve tanto las prioridades gubernamentales como la dimensión internacional del crimen con criptomonedas.
Los ciudadanos chinos tienen severas restricciones para operar legalmente con Bitcoin a través de plataformas nacionales. Tanto las actividades de minería como el uso de exchanges en el extranjero se desarrollan en un marco de riesgo legal y financiero considerable.
En respuesta a los retos de las criptomonedas, China ha desarrollado el Yuan Digital (e-CNY), una moneda digital de banco central bajo control estatal que permite aprovechar la tecnología blockchain, sin perder la supervisión gubernamental.
Para quienes evalúan participar en el mercado de criptomonedas en China o con contrapartes chinas, resulta imprescindible conocer estas restricciones y sus implicaciones para cumplir la normativa y gestionar los riesgos.
La primera gran intervención de China en el ámbito de las criptomonedas se produjo en diciembre de 2013, cuando el Banco Popular de China declaró que Bitcoin no tenía consideración de moneda real según la legislación nacional. Este marco inicial estableció una situación particular: los particulares podían comprar y vender Bitcoin como "mercancía virtual" para especulación o inversión, pero se prohibió a las entidades financieras facilitar, procesar o respaldar operaciones con criptomonedas en cualquier forma.
El mercado reaccionó con una caída inmediata y pronunciada: el precio de Bitcoin se redujo aproximadamente un 50 % tras el anuncio. Este desplome evidenció la enorme influencia de la política china en el mercado global. A pesar de la incertidumbre y la volatilidad, las plataformas de trading continuaron operando en China durante cuatro años más, atendiendo a una comunidad creciente que percibía las restricciones de 2013 como manejables.
En septiembre de 2017, las autoridades chinas impusieron una prohibición total tanto a las Initial Coin Offerings como a los exchanges de criptomonedas. El gobierno calificó las ICO de "financiación pública ilegal no autorizada", sospechosa de facilitar fraudes, esquemas piramidales y blanqueo de capitales. Todas las plataformas nacionales de trading de criptomonedas recibieron la orden de cerrar inmediatamente, lo que obligó a la industria a trasladarse al extranjero casi de forma instantánea.
El impacto fue contundente: antes de la prohibición, China concentraba más del 90 % del volumen global de trading de Bitcoin. Tras el cierre de los exchanges, el volumen migró a plataformas de Japón, Corea del Sur y otras jurisdicciones con normativas más flexibles. La medida de 2017 dejó claro que China consideraba las criptomonedas una amenaza estructural para la estabilidad financiera y el control estatal.
El gobierno chino fundamentó su prohibición en tres preocupaciones interrelacionadas:
El control del capital era la máxima prioridad. China impone límites estrictos a las transferencias de divisas al extranjero: la Administración Estatal de Divisas fija el máximo en 50 000 USD anuales por persona, para mantener la estabilidad del tipo de cambio, evitar la fuga de capitales y proteger las reservas. Bitcoin y otras criptomonedas amenazaban este sistema, pues permitían eludir controles y sacar miles de millones de dólares de forma encubierta.
Otra preocupación era el fraude masivo dirigido a sectores vulnerables, en especial ciudadanos mayores que invertían ahorros en esquemas piramidales presentados como oportunidades legítimas en criptomonedas. Estas estafas, con promesas de beneficios irreales y técnicas de marketing sofisticadas, generaron pérdidas devastadoras.
Por último, el banco central defendía su monopolio legal sobre la emisión de moneda, ya que la ley china prohíbe cualquier "billete token" u otra moneda alternativa que compita con el renminbi. Permitir la adopción masiva de criptomonedas descentralizadas supondría perder el control sobre la política monetaria y la estabilidad financiera.
El caso Qian Zhimin es uno de los fraudes con criptomonedas más grandes y sofisticados procesados hasta la fecha, y ejemplifica tanto la escala del delito originado en China como la necesidad de cooperación internacional. Entre 2014 y 2017, Qian dirigió Lantian Gerui, una empresa que decía dedicarse a la minería de Bitcoin y a la tecnología médica, pero que en realidad era un esquema Ponzi.
La operación defraudó a unos 128 000 inversores chinos por cerca de 4 600 millones de libras, prometiendo retornos del 200 % en dos años y medio. Qian huyó de China en 2017 con su fortuna en Bitcoin y se instaló en una mansión de lujo en Hampstead, Londres, donde llevó una vida opulenta financiada con activos robados.
En 2024, la policía británica detuvo a Qian tras una investigación internacional con la colaboración de autoridades chinas y británicas. Se incautaron más de 61 000 Bitcoin en ordenadores y discos duros, la mayor confiscación de criptomonedas en la historia del Reino Unido. En 2025, un tribunal británico condenó a Qian a 11 años y ocho meses de prisión por blanqueo, dejando claro que ni siquiera los delincuentes sofisticados pueden escudarse en el anonimato de las criptomonedas cuando hay cooperación policial internacional.
China acusó a Estados Unidos de orquestar el robo de 127 000 Bitcoin (aproximadamente 13 000 millones de dólares), en una de las mayores controversias internacionales con criptomonedas. El Centro Nacional Chino de Respuesta ante Virus Informáticos afirmó que el hackeo al pool LuBian en 2020 tenía las marcas de una operación estatal.
Los Bitcoin robados aparecieron después en billeteras del gobierno de EE. UU., tras ser incautados en el caso de fraude del empresario camboyano Chen Zhi. El Departamento de Justicia estadounidense calificó la incautación como la mayor acción de decomiso relacionada con activos digitales hasta la fecha.
Las autoridades estadounidenses no detallaron los métodos empleados para obtener los Bitcoin, alegando investigación y seguridad nacional. China consideró el decomiso un acto provocador de agresión cibernética, aumentando las tensiones entre ambas potencias. El caso evidenció profundas diferencias sobre regulación, jurisdicción y límites de la actuación estatal en el ámbito digital.
Pese a las tensiones políticas, China y Estados Unidos han intensificado las acciones conjuntas contra redes transnacionales de fraude con criptomonedas, especialmente en el sudeste asiático (Camboya, Myanmar, Laos). Estas organizaciones explotan el fraude cripto a escala industrial, reteniendo a trabajadores en condiciones de cuasi esclavitud para ejecutar estafas de inversión en todo el mundo.
El Departamento de Justicia de EE. UU. creó la Scam Center Strike Force, una unidad centrada en fraudes de inversión con criptomonedas que, según estimaciones oficiales, han costado casi 10 000 millones de dólares anuales a víctimas estadounidenses. La cooperación policial internacional incluye la colaboración con las autoridades chinas en detenciones, incautaciones y sanciones. Ambos países reconocen el fraude cripto como una amenaza común que exige respuestas coordinadas.
Estos casos muestran que la mayoría de los activos cripto en manos del gobierno chino proceden de confiscaciones a criminales, no de reservas estratégicas. Frente a las especulaciones sobre reservas ocultas con fines geopolíticos, la evidencia indica que el gobierno solo retiene criptomonedas incautadas a delincuentes. Esta distinción es clave para comprender la política real de China y sus intenciones en activos digitales.
La prohibición de Bitcoin en China crea una zona gris: la mera posesión no está penalizada, pero el uso práctico es muy difícil y arriesgado. La ley prohíbe la actividad de exchanges y plataformas de trading, pero no sanciona la posesión individual de Bitcoin u otras criptomonedas. Esta ambigüedad ha creado un mercado en la sombra con diversas estrategias alternativas.
Estas opciones suelen implicar el uso de exchanges en el extranjero, plataformas peer-to-peer para conectar compradores y vendedores, o servicios VPN para acceder a webs bloqueadas. Algunos usuarios abren cuentas en plataformas internacionales usando direcciones o documentos extranjeros, otros participan en redes informales vía mensajería y redes sociales.
Sin embargo, estos métodos conllevan riesgos importantes: no hay protección legal si la operación falla, la plataforma quiebra o hay disputas. El gobierno monitoriza los flujos bancarios y puede congelar cuentas sospechosas de operar con criptomonedas, pese a que la compra de Bitcoin no es delito. Los bancos deben reportar operaciones sospechosas con cripto, lo que desincentiva la participación.
La minería también fue objeto de una prohibición integral y la mayoría de grandes granjas de Bitcoin se trasladaron a Kazajistán, EE. UU., Canadá u otros países con electricidad barata y marcos regulatorios más flexibles. La prohibición, motivada por razones energéticas y medioambientales, eliminó a China como actor principal en minería de Bitcoin. Hoy, comprar Bitcoin en China implica navegar un escenario legal incierto, donde cada transacción conlleva riesgos que pueden ir desde el bloqueo de cuentas bancarias hasta consecuencias legales graves según la escala y naturaleza de la operación.
Manteniendo la prohibición sobre las criptomonedas descentralizadas, China ha apostado por la tecnología blockchain desarrollando su propia moneda digital estatal: el Yuan Digital o e-CNY. El Banco Popular de China considera esta moneda digital centralizada la respuesta óptima a los "problemas" de Bitcoin, al reunir innovación tecnológica y control estatal.
A diferencia de Bitcoin, donde las transacciones son seudónimas y la blockchain es pública y no controlada, todos los pagos con Yuan Digital se procesan en sistemas bajo supervisión estatal, lo que permite monitorización total e intervención en caso necesario. El banco central proporciona la infraestructura y algoritmos, garantizando que la moneda refuerza los instrumentos de política monetaria y supervisión financiera. Esto otorga a los reguladores una visibilidad inédita sobre los flujos monetarios, con potencial para mejorar la recaudación fiscal, prevenir el blanqueo y refinar la política monetaria.
Así, China aprovecha las ventajas de la tecnología blockchain (costes de transacción más bajos, mayor velocidad de liquidación, inclusión financiera) pero sin renunciar al control estatal sobre el sistema. Grandes bancos estatales como China Zheshang Bank o Postal Savings Bank of China han lanzado proyectos blockchain para la custodia de activos, el financiamiento de cadenas de suministro y la gestión de cuentas a cobrar, lo que evidencia que el problema nunca fue la tecnología en sí, sino los sistemas descentralizados fuera del control estatal.
El Yuan Digital también persigue objetivos adicionales: reducir costes de pago para comercios y usuarios, ampliar el acceso a servicios financieros en zonas rurales o poco bancarizadas y, potencialmente, desafiar la primacía del dólar estadounidense en el comercio internacional. El sistema permite dinero programable (pagos con condiciones, caducidad o restricciones), lo que abre la puerta a políticas sociales más sofisticadas, aunque también suscita inquietudes por el alcance del control estatal y la vigilancia financiera.
Si el modelo tiene éxito, el Yuan Digital podría marcar el camino para que otros gobiernos respondan al auge de las criptomonedas mediante alternativas controladas y no solo con prohibiciones. La Unión Europea y varias economías emergentes siguen de cerca la experiencia china en el desarrollo de sus propias monedas digitales de banco central.
La postura estricta y global de China frente a Bitcoin responde a prioridades nacionales como el control de capitales, la soberanía financiera y la autoridad estatal, y no se prevén cambios a corto plazo. Los grandes fraudes y las acciones policiales muestran que el gobierno se centra en combatir estafas, cerrar plataformas ilegales y evitar la fuga de capitales, no en perseguir la mera posesión de criptomonedas.
Pese a las barreras legales y prácticas para acceder a Bitcoin, la fuerte apuesta estatal por el Yuan Digital demuestra que China impulsa la innovación blockchain bajo su propio marco de control. Para quienes consideren operar en el mercado cripto chino, conocer las restricciones y sus implicaciones reales resulta imprescindible para evitar problemas legales y tomar decisiones informadas.
El mercado mundial de criptomonedas se ha adaptado a la ausencia de China, con el volumen de trading y la minería reubicados en otras jurisdicciones. Sin embargo, el desarrollo de la política china sobre moneda digital seguirá influyendo en la regulación y adopción global. La experiencia de China ofrece lecciones valiosas sobre la tensión entre sistemas financieros descentralizados y autoridad estatal, útiles tanto para democracias como para regímenes autoritarios en la era de los activos digitales.
China estableció una prohibición completa del trading y la minería de Bitcoin, efectiva desde el 31 de mayo de 2025. La medida prohíbe todas las transacciones y actividades mineras con criptomonedas, incluidas Bitcoin y otras principales. Esta prohibición sigue en vigor en enero de 2026.
China prohibió el trading de criptomonedas para preservar la estabilidad financiera, prevenir delitos como el blanqueo de capitales y evitar la fuga de capitales. Estas políticas buscan proteger la seguridad económica y evitar riesgos financieros.
Poseer Bitcoin en China no es ilegal. La simple tenencia no implica sanción. No obstante, el trading público está restringido. Solo se permiten transferencias peer-to-peer entre particulares.
En China, el trading, la minería y la emisión de criptomonedas son actividades ilegales. Toda inversión relacionada con activos cripto está prohibida. Estas normas se aplican desde la entrada en vigor de la prohibición.
La prohibición veta toda actividad de minería de criptomonedas. La minería individual se considera ilegal y puede ser objeto de sanciones administrativas según la normativa vigente.
En China, es posible recurrir a plataformas reguladas en Hong Kong o exchanges internacionales que cumplan la normativa. Otras alternativas son inversiones en tecnología blockchain, fondos de activos digitales gestionados por entidades financieras autorizadas y la participación en protocolos DeFi regulados. Conviene mantenerse atento a futuras modificaciones normativas.
La prohibición redujo de forma significativa el hash rate global de minería, afectando la seguridad de la red Bitcoin. El veto disminuyó la participación internacional y alteró la dinámica de mercado, si bien la red se adaptó y recuperó gracias a su carácter descentralizado.
China prohíbe Bitcoin como moneda y lo considera mercancía virtual. EE. UU. cuenta con regulación fragmentada y supervisión de la SEC. Japón y Australia permiten pagos con Bitcoin. Singapur y Reino Unido aplican enfoques más flexibles. La coordinación internacional sobre estándares cripto va en aumento.
China mantiene restricciones estrictas sobre las criptomonedas, aunque en el futuro podrían producirse cambios de enfoque. Si la adopción global aumenta y los marcos regulatorios evolucionan, China podría explorar fórmulas de legalización controlada que equilibren innovación y estabilidad financiera.











