Litigios de alto riesgo: es momento de poner fin a la guerra contra el staking

La evolución de la regulación del staking

El marco regulatorio de los servicios de staking de criptomonedas ha cambiado de forma notable en los últimos años. En 2023, la SEC y diez estados estadounidenses iniciaron procedimientos legales contra una gran plataforma de criptomonedas, alegando que sus servicios de staking suponían ofertas de valores no registradas. Varios estados intensificaron las acciones emitiendo órdenes de cese y desistimiento que impidieron de inmediato que dicha plataforma—y únicamente esa plataforma—pudiera realizar staking de nuevos activos para sus usuarios.

Estas órdenes de cese y desistimiento constituyen una medida regulatoria excepcional, habitualmente reservada para situaciones de emergencia donde se producen fraudes graves con valores, como esquemas Ponzi en marcha. Que se aplicaran a servicios rutinarios de staking planteó cuestiones clave sobre la proporcionalidad regulatoria y la clasificación de servicios basados en blockchain. Es relevante destacar que, durante todo el periodo de prestación de estos servicios, ningún usuario de esta plataforma sufrió pérdidas financieras mediante sus operaciones de staking.

Desde el inicio, la plataforma afectada sostuvo que tanto la SEC como los reguladores estatales erraban en su interpretación legal y valoración de los hechos. La empresa se comprometió a una defensa firme, tanto en los tribunales como a través de campañas educativas dirigidas a responsables políticos de todo el país sobre los beneficios y características de los activos digitales y los servicios de staking.

Estos esfuerzos sostenidos han empezado a ofrecer resultados positivos. A comienzos de 2025, la SEC retiró su demanda contra la plataforma con prejuicio, un resultado legal que impide volver a presentar reclamaciones similares. Posteriormente, cinco estados que habían seguido el enfoque de la SEC—Illinois, Kentucky, Carolina del Sur, Vermont y Alabama—acordaron también retirar sus casos. Esto ha generado una homogeneización regulatoria entre estados, permitiendo que los residentes en antiguas jurisdicciones restringidas accedan a las mismas oportunidades de staking que quienes viven en estados vecinos.

Sin embargo, pese a estas victorias, las actuaciones regulatorias en California, Nueva Jersey, Maryland, Washington y Wisconsin continúan perjudicando a los residentes de esos estados. Todos, salvo uno, mantienen órdenes de cese y desistimiento que ya han supuesto la pérdida de decenas de millones de dólares en recompensas de staking para sus habitantes, al tiempo que limitan la libertad de elección del consumidor y perpetúan la incertidumbre regulatoria en el sector de activos digitales.

¿Qué es el staking?

El staking es un mecanismo esencial en las redes blockchain de prueba de participación, y constituye la base para la seguridad y validación de transacciones en la red. El proceso consiste en que los participantes bloquean temporalmente una cantidad determinada de criptomonedas para apoyar la infraestructura operativa de la red. Esto implica validar transacciones, mantener el consenso entre los participantes y proteger la cadena frente a actores maliciosos.

A cambio de su aportación a la seguridad y el funcionamiento de la red, los participantes—denominados stakers—reciben recompensas, habitualmente en forma de tokens adicionales. Estas recompensas constituyen un incentivo económico que alinea los intereses individuales con la salud y seguridad global de la red blockchain.

El staking resulta fundamental para construir y proteger la infraestructura descentralizada de internet del futuro. Al permitir que quienes aseguran la red reciban tokens por sus aportaciones, el staking proporciona un modelo económico sostenible para el mantenimiento de la blockchain. No obstante, el staking efectivo suele requerir conocimientos técnicos avanzados, como la gestión de nodos, los protocolos de red y las mejores prácticas de seguridad.

Para superar esta barrera técnica, han surgido plataformas de staking como servicio que democratizan el acceso a estas oportunidades. Estas plataformas aportan la infraestructura tecnológica necesaria para que los usuarios participen con seguridad en la validación de la red, sin requerir experiencia técnica avanzada. Este modelo ha ampliado significativamente el número de stakers potenciales, impulsando la descentralización y la seguridad en las redes de prueba de participación.

Infraestructura profesional de servicios de staking

La plataforma en cuestión opera como una de las plataformas de activos digitales más consolidadas del sector, y es la única bolsa de criptomonedas que cotiza en bolsa en Estados Unidos. Esta condición sujeta a la plataforma a exigentes requisitos de transparencia financiera, incluidos estados financieros auditados y detallados informes trimestrales y anuales requeridos por la normativa sobre valores.

El marco regulatorio que rige la actividad de esta plataforma abarca múltiples jurisdicciones y organismos supervisores. En el ámbito federal, la compañía está registrada como empresa de servicios monetarios ante la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una dependencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. Dicha inscripción obliga a cumplir estrictos protocolos de prevención de blanqueo de capitales (AML) y normativas de conocimiento del cliente (KYC) para prevenir delitos financieros y proteger la integridad del sistema financiero.

A nivel estatal, la plataforma dispone de 46 licencias de transmisión de dinero, lo que somete sus operaciones a una amplia variedad de normativas específicas. Entre ellas figuran leyes de protección al consumidor, requisitos de información financiera y estándares diseñados para salvaguardar los activos de los usuarios. La compañía cuenta con un equipo especializado de más de 400 profesionales en cumplimiento, asuntos legales e investigación que trabaja continuamente para mantener la plataforma como una de las más seguras del mundo en el sector de las criptomonedas.

El compromiso de la plataforma con la protección al usuario va más allá del cumplimiento normativo. La empresa ha implementado una política de indemnización específica para los servicios de staking, comprometiéndose a compensar a los usuarios en el improbable caso de que sus acciones generen pérdidas relacionadas con el staking. Este compromiso financiero muestra la confianza de la plataforma en su infraestructura de seguridad y en sus procedimientos operativos. El historial de seguridad de la plataforma refuerza esta confianza: en toda su trayectoria ofreciendo servicios de staking, ningún usuario ha sufrido pérdidas financieras atribuibles a sus operaciones de staking.

Impacto para el usuario de la aplicación selectiva de la normativa

A pesar del excelente historial de seguridad de la plataforma y de la decisión de la SEC de retirar su caso con prejuicio, cinco estados—California, Nueva Jersey, Maryland, Washington y Wisconsin—siguen sosteniendo que los servicios de staking de la plataforma constituyen ofertas de valores no registradas. Cuatro de ellos mantienen órdenes de cese y desistimiento que prohíben expresamente a la plataforma ofrecer servicios de staking a los residentes.

Un aspecto clave de estas actuaciones es su carácter selectivo: afectan exclusivamente a una plataforma, mientras que otros proveedores de servicios de staking siguen operando en estas jurisdicciones sin restricciones. Esta aplicación selectiva plantea cuestiones fundamentales sobre la equidad regulatoria y la igualdad legal.

La base jurídica de estas acciones estatales es cada vez más débil. El desistimiento con prejuicio de la SEC respecto a sus reclamaciones sobre el staking de la plataforma representa un hecho relevante. Además, 40 estados nunca han intentado restringir estos servicios, y cinco que sí lo hicieron han retirado posteriormente sus reclamaciones, lo que equivale a admitir la debilidad del argumento de clasificación como valor.

Aunque la plataforma mantiene su disposición a impugnar y derrotar estas actuaciones mediante litigios, la consecuencia inmediata de dichas acciones es un perjuicio directo para los residentes. Las órdenes de cese y desistimiento en California, Nueva Jersey, Maryland y Wisconsin han impedido que los residentes accedan a servicios de staking que siguen disponibles en otros estados, e incluso para residentes de esos mismos estados mediante otras plataformas.

El impacto económico de estas restricciones es relevante. Los residentes de los cuatro estados con órdenes de cese y desistimiento activas han dejado de recibir colectivamente una cantidad estimada en decenas de millones de dólares en recompensas potenciales de staking desde mediados de 2023. Esta cifra sigue creciendo cada mes que permanecen las restricciones, lo que supone un coste económico directo impuesto por las propias autoridades regulatorias.

Además del perjuicio económico directo, esta aplicación selectiva genera distorsiones de mercado. Al centrarse en una plataforma pública y altamente regulada y dejar sin restricciones a otros proveedores, los reguladores estatales están decidiendo quién gana y quién pierde en el mercado—una función que debería corresponder a los consumidores en libertad de elección. Este enfoque regulatorio no solo limita las opciones competitivas, sino que, paradójicamente, puede empujar a los usuarios hacia plataformas de staking menos reguladas o completamente no reguladas.

Muchos proveedores alternativos de staking no ofrecen las protecciones al consumidor, la transparencia financiera pública ni la supervisión regulatoria multilayer que caracterizan a la plataforma afectada. Si el propósito declarado de estas actuaciones estatales es la protección del consumidor, el resultado práctico de desviar a los usuarios hacia opciones menos transparentes y menos reguladas resulta contraproducente.

Incertidumbre regulatoria y desarrollo normativo

La cuestión esencial de la regulación de las criptomonedas, incluidos los servicios de staking, debe resolverse a través de legislación por parte de los representantes electos, no mediante largos litigios judiciales. Este enfoque garantiza la responsabilidad democrática y proporciona un marco útil y prospectivo para las tecnologías emergentes.

Tras años de defensa de la industria por normas claras, finalmente se han producido avances significativos. Miembros del Congreso de ambos partidos colaboran activamente en el desarrollo de marcos legislativos integrales para los activos digitales. Este trabajo bipartidista refleja la creciente convicción de que Estados Unidos debe establecer reglas claras para mantener su competitividad en la economía digital global, proteger a los consumidores y asegurar la solidez del sistema financiero.

Los organismos reguladores también han comenzado a tomar medidas proactivas para abordar la brecha normativa. La Casa Blanca ha emitido una Orden Ejecutiva destinada a proteger y promover la participación individual en actividades de staking, lo que representa un apoyo político explícito a estos mecanismos blockchain. La SEC ha creado un Crypto Task Force para desarrollar enfoques regulatorios adecuados para el staking y otras actividades vinculadas a criptomonedas.

Como reflejo de este nuevo entorno normativo y para facilitar la elaboración de un marco coherente, la SEC y varios reguladores estatales han retirado sus litigios contra los servicios de staking de la plataforma. Esta desescalada coordinada demuestra que la claridad regulatoria se logra mejor a través del desarrollo de políticas que mediante litigios adversariales.

Ante este escenario de consenso y desarrollo normativo, la persistencia de los litigios en cinco estados resulta cada vez más difícil de justificar. Más que proteger al usuario, estas acciones legales generan confusión sobre el estatus regulatorio de los servicios de staking y exponen a los residentes a mayores riesgos al limitar su acceso a plataformas reguladas, mientras dejan alternativas menos transparentes al alcance.

La incertidumbre regulatoria generada por estos enfoques estatales desiguales dificulta el desarrollo de un marco nacional coherente para los activos digitales. Se crea así un entramado de restricciones estatales que obstaculiza la innovación, limita la elección del consumidor y coloca a las empresas estadounidenses en desventaja frente a competidores internacionales con marcos regulatorios más claros.

El camino a seguir

Las victorias legales de la plataforma frente a la SEC y varios reguladores estatales representan hitos fundamentales en el establecimiento de un tratamiento regulatorio apropiado para los servicios de staking. Sin embargo, estos logros no serán completos mientras California, Nueva Jersey, Maryland, Washington y Wisconsin mantengan sus acciones administrativas.

La solución óptima sería que estos estados siguieran el ejemplo de la SEC y de otros 45 estados, finalizando sus litigios contra los servicios de staking de la plataforma. Así se restablecería la coherencia regulatoria, se protegerían los intereses de los consumidores y los residentes de estos estados tendrían acceso a las mismas oportunidades que los usuarios de otras jurisdicciones.

Si estos estados no retiran voluntariamente sus acciones, la plataforma continuará litigando para defender los intereses de sus usuarios y sentar precedentes jurídicos claros. El alcance de este asunto supera a cualquier plataforma o servicio concreto: abarca cuestiones de fondo sobre el tratamiento regulatorio de las tecnologías blockchain y la capacidad de los estadounidenses para participar en la economía digital emergente.

La comunidad de criptoactivos en general cumple un papel clave en este debate regulatorio. A medida que los legisladores trabajan para definir marcos globales para los activos digitales, la participación activa de los agentes del sector, usuarios y defensores resulta esencial. Estados Unidos está más cerca que nunca de lograr la claridad normativa necesaria para que los activos digitales y la tecnología blockchain prosperen a nivel nacional, pero conseguirlo exige un esfuerzo y una defensa colectiva continuados.

Quienes defiendan una regulación razonable del staking y deseen un tratamiento uniforme en todas las jurisdicciones pueden influir participando en procesos de consulta pública y colaborando con los legisladores. El resultado de estos debates determinará no solo la disponibilidad inmediata de los servicios de staking, sino también el rumbo del desarrollo y la adopción de la tecnología blockchain en Estados Unidos durante los próximos años.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el staking de criptomonedas y en qué se diferencia de la minería?

El staking consiste en asegurar redes blockchain reteniendo y bloqueando criptomonedas para obtener recompensas. A diferencia de la minería, el staking no requiere invertir en hardware costoso, solo mantener criptomonedas. Los stakers validan transacciones por consenso de prueba de participación, mientras que los mineros usan potencia computacional en sistemas de prueba de trabajo.

¿Por qué los reguladores litigan el staking? ¿Se considera el staking un valor?

Los reguladores examinan el staking por cuestiones de protección al inversor y la posible clasificación como valor según el Test de Howey. No obstante, muchos sostienen que las recompensas de staking derivadas de la participación en la red no cumplen los criterios para considerarse valores, ya que provienen de la labor de validación y no de contratos de inversión con expectativa de beneficios por el trabajo de terceros.

¿Cuáles son los riesgos legales del staking? ¿Cómo pueden protegerse los inversores?

El staking puede incluir actividades financieras no reguladas. Los inversores deben consultar a expertos legales para cumplir con la normativa local, verificar la legitimidad del proyecto, comprender los riesgos de los smart contracts y evitar plataformas que realicen actividades de captación de depósitos no autorizadas.

¿Cómo varía la actitud regulatoria hacia el staking según los países?

En Norteamérica la atención se centra en la legalidad de las criptomonedas, Europa prioriza la regulación, y China prohíbe el trading de criptoactivos. La regulación del staking es diferente en cada país, con marcos legales específicos. Cada nación adopta enfoques distintos según sus prioridades políticas.

¿Cómo tributan las recompensas de staking?

Las recompensas de staking se consideran ingresos ordinarios y deben declararse y tributar en el momento de su recepción. El valor de mercado al recibirlas es la base imponible. Mantenga un registro detallado de todas las operaciones y fechas de staking para el cumplimiento fiscal.

¿Cuál es el impacto de los litigios relevantes en el mercado de staking y en los usuarios?

Los litigios de gran calado pueden provocar crisis de confianza, haciendo que los usuarios duden de la legitimidad de la plataforma y reduciendo su participación. Los desafíos legales pueden forzar a las plataformas a modificar sus estrategias, afectando la experiencia del usuario y las recompensas de staking.