

A finales de 2025, la minería de criptomonedas sigue prohibida en Egipto. El Banco Central de Egipto (CBE) y otros organismos reguladores aplican rigurosamente esta prohibición, considerando todas las actividades vinculadas a criptomonedas, incluida la minería, como conductas financieras no autorizadas según la ley egipcia actual. El gobierno egipcio sostiene esta postura principalmente para proteger la seguridad financiera, salvaguardar la independencia de la política monetaria y prevenir delitos financieros.
El estatus legal de la minería de criptomonedas es un asunto fundamental para inversores, operadores y usuarios de los sectores blockchain y cripto. Conocer el marco legal en jurisdicciones como Egipto permite evaluar riesgos, planificar inversiones estratégicas y garantizar el cumplimiento normativo local. Para empresas e individuos que buscan ingresar en la industria cripto, la legalidad incide directamente en decisiones sobre el inicio de operaciones de minería, la inversión en activos digitales o la expansión de proyectos blockchain en Egipto. Infringir la normativa local puede acarrear graves consecuencias legales, incluidas multas y procesos penales, por lo que la atención y el cumplimiento regulatorio son imprescindibles para cualquier participante del mercado.
Pese a las estrictas prohibiciones legales, el interés por las criptomonedas sigue creciendo entre los egipcios. La expectativa de altos rendimientos motiva a algunos a dedicarse a la minería por vías clandestinas o empleando tecnologías como redes privadas virtuales (VPN) para ocultar sus actividades. Sin embargo, la postura inflexible de Egipto frente a las actividades financieras no reguladas expone a estos individuos a riesgos legales y económicos considerables.
En cambio, países como Canadá y Suecia ofrecen un entorno más favorable para la minería de criptomonedas, con marcos regulatorios que fomentan la innovación y garantizan la seguridad financiera y el cumplimiento normativo. Estas naciones han experimentado un crecimiento significativo de la actividad económica tecnológica, el avance de la innovación y la creación de empleo, mostrando las oportunidades que Egipto puede perder si mantiene prohibiciones estrictas.
El informe 2024 del Global Blockchain Council señala que los países con políticas abiertas hacia la minería cripto han experimentado un sólido crecimiento en sus sectores tecnológicos y financieros. Por ejemplo, el informe destaca una expansión del 30 % en el mercado blockchain sueco durante este periodo, atribuida principalmente a condiciones favorables para la minería y a un entorno regulatorio favorable. Este crecimiento ha impulsado el desarrollo económico y ha atraído inversión internacional y talento técnico relevante.
Por el contrario, la estricta legislación anti-cripto de Egipto ha conducido a la parálisis de su mercado de divisas digitales y de la innovación tecnológica. Si bien el gobierno argumenta que estas medidas responden a la seguridad financiera, el control de la política monetaria y la prevención del delito, tales restricciones también impiden que Egipto se sume a la revolución global de las criptomonedas y blockchain, lo que podría lastrar sus perspectivas económicas a largo plazo.
A finales de 2025, Egipto continúa prohibiendo la minería de criptomonedas y el gobierno mantiene su firme oposición a la legalización. Esta política afecta tanto a inversores y empresas locales como internacionales interesados en la industria cripto egipcia. Si bien estas restricciones legales buscan proteger el sistema financiero y mantener el control monetario, también limitan el desarrollo de los sectores tecnológicos emergentes y con potencial de rentabilidad en Egipto.
Para cualquier interesado en la minería cripto, resulta crucial conocer el estatus legal en cada jurisdicción y valorar países con marcos regulatorios favorables. Los entornos legales propicios proporcionan claras ventajas en expansión económica, innovación tecnológica y oportunidades de inversión. A medida que evoluciona el panorama global de las criptomonedas y blockchain, el seguimiento de los cambios regulatorios y las tendencias de mercado es esencial para todos los actores de este sector dinámico.
En resumen, los aspectos esenciales son: la importancia de entender y cumplir las leyes locales sobre minería de criptomonedas, el impacto económico de las restricciones legales en tecnología y finanzas, y el papel crucial de los marcos legales favorables para impulsar la innovación blockchain y el desarrollo económico.
El gobierno egipcio mantiene la prohibición total de la minería de moneda virtual. A partir de 2026, esta actividad sigue siendo ilegal. Las políticas estrictas del gobierno impiden que tanto inversores locales como extranjeros participen en operaciones de minería.
La minería de criptomonedas es ilegal en Egipto. El Banco Central prohíbe cualquier actividad relacionada con criptomonedas, y las infracciones pueden conllevar sanciones severas, como multas y cargos penales.
Egipto prohíbe la minería de moneda virtual. El Banco Central y los organismos reguladores la consideran ilegal y la prohibición sigue vigente.
Los mineros deben obtener una Licencia Especial de Minería en Egipto y contar con al menos un 30 % de propiedad local. Según las características específicas de la operación minera, pueden requerirse permisos adicionales.
Las empresas mineras en Egipto están sujetas a un impuesto de sociedades del 22,5 %. Los particulares tributan por las rentas de minería como ingresos globales, con tipos progresivos a partir de 21 000 libras egipcias.
El alto coste de la electricidad en Egipto reduce la rentabilidad de la minería. Las empresas mineras pueden deducir los gastos de electricidad utilizados para la minería, pero los costes operativos generales siguen siendo elevados, lo que repercute significativamente en la viabilidad económica y la competitividad de los negocios de minería.
Egipto prohíbe la minería de criptomonedas desde 2018, alegando su incompatibilidad con la ley islámica. Por su parte, China también la prohíbe, aunque ha suavizado en cierta medida su postura, mientras que Estados Unidos mantiene una actitud relativamente abierta. El entorno regulatorio egipcio es el más restrictivo.











