

El marco regulatorio de la SEC para el cumplimiento de criptomonedas en 2026 marca una transición relevante hacia la implicación del sector y una mayor claridad normativa. La Orden Ejecutiva 14178, emitida en enero de 2025, creó el Grupo de Trabajo Presidencial sobre Mercados de Activos Digitales y reorientó la política federal estadounidense, alejándose del enfoque sancionador tradicional. El informe de verano de 2025 de este Grupo de Trabajo presentó una hoja de ruta integral para el cumplimiento en criptomonedas, destacando la elaboración de normas tecnológicamente neutras y la participación institucional en los mercados de activos digitales.
Actualmente, dos propuestas legislativas clave definen el perímetro regulatorio: la Ley CLARITY, que establece límites regulatorios claros para los criptoactivos, y la Ley GENIUS, que crea un marco prudencial para las reservas de stablecoins y el riesgo de reembolso. Estas leyes reflejan el esfuerzo del Congreso por proporcionar la certeza en cumplimiento que antes faltaba en la legislación estadounidense. La guía de la SEC de diciembre de 2025 sobre la custodia de valores cripto por parte de brókeres-dealers ejemplifica esta tendencia a la clarificación. Dicha guía permite a los brókeres-dealers custodios demostrar la posesión física de activos digitales mediante medidas de seguridad específicas, estableciendo vías de cumplimiento concretas y eliminando la ambigüedad procesal. Este marco de custodia amplía la orientación regulatoria de la SEC para abarcar tanto valores tokenizados como activos no considerados valores, como Bitcoin y Ether, reconociendo la capacidad de los proveedores de infraestructura de mercado para custodiar de forma segura diversos activos digitales. En su conjunto, el marco de la SEC en 2026 prioriza expectativas claras de cumplimiento, la participación institucional y un enfoque tecnológicamente neutro en la supervisión de las criptomonedas.
Las plataformas de activos digitales operativas en 2026 afrontan requisitos de transparencia en auditoría y reporte financiero cada vez más exigentes en múltiples jurisdicciones. Bajo las Normas Operativas de NACHA, las entidades financieras y los terceros emisores deben realizar auditorías anuales de cumplimiento ACH antes del 31 de diciembre, garantizando la adhesión a los estándares de seguridad e integridad transaccional. Estas auditorías evalúan la gestión de riesgos de crédito, fraude, operativos y de cumplimiento, y son la base de la supervisión regulatoria.
La complejidad del reporte financiero se acentúa al enfrentarse las plataformas a marcos contables divergentes. Según US GAAP, en vigor desde 2025, las plataformas de activos digitales deben valorar ciertos criptoactivos a valor razonable y revelar los riesgos asociados, incluyendo la volatilidad de mercado y obligaciones de salvaguarda. IFRS exige revelaciones similares, obligando a reportar los criptoactivos bajo la NIC 38 como activos intangibles, con presentación separada y desgloses de valor razonable detallados.
Los controles internos sobre la información financiera requieren una gestión robusta de claves privadas, trazabilidad de transacciones en blockchain y mecanismos de aprobación de retiros. La reciente eliminación por parte de la SEC del SAB 122 simplificó el reporte de custodia al suprimir la obligación de registrar los activos custodios en el balance, aunque las plataformas deben seguir ofreciendo información clara sobre riesgos de titularidad y custodia. Estos estándares superpuestos de transparencia en auditoría y obligaciones de información financiera suponen una carga operativa significativa, obligando a las plataformas a mantener infraestructuras de cumplimiento avanzadas mientras gestionan la infraestructura tecnológica y las salvaguardas de custodia.
Los exchanges de criptomonedas operan en un marco regulatorio complejo que exige la implantación de procedimientos sólidos de identificación del cliente y prevención de blanqueo de capitales. Una política integral de KYC/AML constituye la base del cumplimiento, comenzando con un Programa de Identificación del Cliente que recopila información esencial como nombre, fecha de nacimiento, dirección y documentos de identidad. Este CIP actúa como mecanismo inicial de verificación, evitando fraudes y estableciendo una confianza básica con el cliente.
Más allá de la identificación básica, los exchanges deben implementar protocolos escalonados de diligencia debida. La Diligencia Debida Estándar evalúa el perfil global de riesgo del cliente, mientras que la Diligencia Debida Reforzada aplica controles más estrictos para categorías de alto riesgo, como Personas Políticamente Expuestas y patrones de grandes transacciones. Este enfoque basado en el riesgo permite a los exchanges asignar recursos de manera eficiente manteniendo los estándares regulatorios.
El cumplimiento de sanciones OFAC opera como un requisito paralelo igual de relevante. Los exchanges deben contrastar la información de clientes y direcciones de billeteras cripto con las listas de Nacionales Especialmente Designados gestionadas por la OFAC, tanto en el onboarding como durante las operaciones. Herramientas avanzadas de filtrado que emplean lógica difusa permiten considerar variantes de nombres y errores de escritura habituales en transacciones internacionales. Cuando el filtrado detecta posibles coincidencias, los exchanges deben bloquear las transacciones, documentar los hallazgos e informar de actividades rechazadas dentro de los plazos regulatorios.
La integración de la monitorización de transacciones con analítica blockchain refuerza tanto los marcos AML como el cumplimiento de sanciones. Los programas de cumplimiento que combinan puntuaciones de riesgo de clientes y patrones de datos transaccionales permiten a los exchanges detectar de forma sistemática actividades sospechosas. El reanálisis periódico garantiza la actualización respecto a listas de sanciones y datos de clientes, creando una postura de cumplimiento dinámica esencial para el entorno regulatorio de 2026.
Los organismos reguladores en 2026 han reforzado sus mecanismos de aplicación, utilizando sanciones económicas considerables como principal elemento disuasorio frente a incumplimientos. Las entidades que operan en infraestructuras de pago con criptomonedas pueden enfrentarse a multas mensuales de hasta 500 000 $ por infracciones graves, especialmente si persisten sin resolución. Este marco de aplicación responde a un principio de escalada, donde las infracciones inicialmente clasificadas en niveles bajos pueden evolucionar a categorías graves si no se subsanan durante varios periodos consecutivos.
Más allá de las sanciones económicas, las agencias reguladoras también imponen medidas operativas, como la suspensión de licencia y la exclusión de redes. Estas acciones tienen un impacto importante, ya que impiden a las entidades infractoras originar transacciones en canales de pago esenciales. La combinación de sanciones económicas y operativas ejerce una doble presión sobre plataformas de criptomonedas y proveedores de servicios de pago para mantener estándares de cumplimiento rigurosos.
El umbral de multa mensual de 500 000 $ representa la máxima sanción para infracciones de Clase 3, aunque las organizaciones pueden recibir sanciones menores por incumplimientos de menor gravedad. Comprender este entorno sancionador es esencial para responsables de cumplimiento y equipos de gestión de riesgos. A medida que la supervisión regulatoria evoluciona en 2026, las organizaciones deben implantar sistemas proactivos de supervisión para identificar y remediar violaciones antes de que la escalada active sanciones máximas y sus consecuencias económicas y operativas asociadas.
En 2026, los principales países reforzaron la regulación sobre criptomonedas mediante marcos normativos más claros. Estados Unidos aprobó legislación federal como la Ley GENIUS, centrada en stablecoins. Las stablecoins se consolidaron como infraestructura financiera clave. Las instituciones financieras globales exploran de forma creciente servicios de trading de criptomonedas, marcando la adopción institucional y una mayor claridad normativa en todo el mundo.
Los exchanges deben implementar procedimientos sólidos de KYC/AML, cumplir la regulación de la SEC, mantener reportes financieros transparentes, obtener las licencias adecuadas y realizar un monitoreo continuo de riesgos de clientes durante todo su ciclo de vida.
En 2026, el sector cripto se enfrenta a riesgos regulatorios clave: la evolución de la legislación estadounidense sobre estructura de mercado, los marcos de innovación de la SEC y la regulación de stablecoins bajo la Ley GENIUS. Las reformas fiscales, potenciales cambios en la política de tipos de interés y las elecciones intermedias añaden incertidumbre. También crecen los requisitos de cumplimiento a nivel estatal.
Supervise estrechamente las acciones de la SEC y las novedades regulatorias. Implemente políticas sólidas de KYC/AML y diligencia debida basada en el riesgo del cliente. Asegure la transparencia en auditorías mediante verificaciones independientes. Cumpla los requisitos de la jurisdicción local y colabore con proveedores de servicios regulados para minimizar riesgos legales y operativos.
En 2026, las normativas AML y KYC impactan notablemente a las empresas de criptomonedas mediante requisitos de cumplimiento más estrictos, mayores costes operativos y una supervisión reforzada. Las empresas deben implementar sistemas sólidos de verificación de identidad, rastreo de transacciones y reporte. La tecnología de pruebas de conocimiento cero permite el cumplimiento preservando la privacidad, reduciendo los puntos ciegos de detección del 23 % al 11 %. El cumplimiento multijurisdiccional es esencial, ya que los marcos regulatorios se armonizan a escala global, favoreciendo a los proyectos con infraestructuras de cumplimiento completas y generando ventajas competitivas para los operadores que cumplen la normativa.
En 2026, stablecoins y CBDC afrontarán marcos regulatorios globales más estrictos que garantizan cumplimiento y seguridad. Los reguladores están definiendo estándares unificados, con Hong Kong como referente en cumplimiento. Se prevé infraestructura compartida, cooperación transfronteriza y estandarización operativa entre las principales jurisdicciones.










