

El entorno internacional de cumplimiento para los tokens Layer 2 ha experimentado una profunda transformación a lo largo de 2025, impulsada por marcos regulatorios inéditos y el movimiento de capital institucional. El Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (MiCAR) de la Unión Europea fijó estándares exhaustivos para la transparencia, la custodia y las exigencias operativas, marcando un precedente para jurisdicciones de todo el mundo. Al mismo tiempo, Emiratos Árabes Unidos reforzó su papel como centro de activos virtuales mediante la Virtual Asset Regulatory Authority, aplicando uno de los marcos regulatorios más avanzados a nivel internacional, con más del 70 % de la exposición a activos digitales bajo estructuras de cumplimiento claramente definidas.
La entrada de capital institucional en activos digitales ha transformado la dinámica regulatoria, ya que actores de mercado más sofisticados han impulsado a los legisladores a diseñar mejores prácticas de gestión de riesgos antes de la llegada de mandatos formales. La rotación de capital institucional hacia protocolos DeFi ha suscitado una mayor supervisión regulatoria, al tiempo que ha fomentado mejoras en la gobernanza lideradas por el propio sector. Soluciones Layer 2 como Merlin Chain, que alcanzó más de 3,5 mil millones en TVL en solo 30 días tras lanzar su mainnet, operan actualmente bajo parámetros de cumplimiento cada vez más definidos.
Los marcos de tokenización para valores, fondos, bonos y activos reales avanzaron con rapidez en 2025, y los pilotos de mercado mayorista han aclarado las reglas para la custodia y segregación de instrumentos tokenizados. Estos avances han convertido a las redes Layer 2 en infraestructura esencial para la adopción institucional. En Estados Unidos, el entorno regulatorio progresó gracias a iniciativas bipartidistas para ampliar las competencias de la CFTC sobre commodities digitales, mientras la coordinación entre la SEC y la CFTC aporta mayor claridad sobre la clasificación de tokens y los requisitos de custodia. Estos enfoques multijurisdiccionales reflejan una transición fundamental desde la incertidumbre regulatoria hacia marcos integrales e interoperables, diseñados para respaldar la innovación responsable a gran escala.
El cumplimiento internacional en materia de AML/KYC supone retos operativos significativos para los proveedores de servicios de activos virtuales. La identificación y verificación de los beneficiarios finales en diferentes jurisdicciones es un desafío central, agravado por la diversidad normativa regional y los riesgos inherentes de los sistemas de pago en tiempo real, donde detectar fraudes resulta cada vez más complejo.
MERL responde a estos desafíos mediante una implementación exhaustiva alineada con las recomendaciones del GAFI. El requisito Travel Rule exige que las VASP recopilen y transmitan información identificativa para transacciones superiores a determinados umbrales, en cerca de 98 jurisdicciones que incluyen mercados clave como Estados Unidos, Reino Unido y los estados miembros de la Unión Europea. Este marco se aplica de forma homogénea a las operaciones de MERL, sin importar las diferencias terminológicas locales.
| Aspecto | Estándar | Cobertura |
|---|---|---|
| Aplicación Travel Rule | Guías GAFI | Más de 98 jurisdicciones |
| Exigencias KYC | Identidad + Prueba de vida + Documentos | Universal |
| Variabilidad regional | UE AMLD vs US BSA | Específica por jurisdicción |
| Análisis de riesgo | Verificación de beneficiario final | Crítico |
MERL emplea un proceso automatizado de incorporación KYC que integra verificación de identidad, controles de prueba de vida y validación de documentos oficiales y comprobantes de domicilio. La monitorización avanzada abarca filtros de sanciones, detección de PEP y análisis de medios adversos tanto en la captación de clientes como en la supervisión continua. Este enfoque multidimensional reduce los falsos positivos y garantiza el cumplimiento en distintas jurisdicciones, evidenciando que los programas AML/KYC efectivos requieren una integración tecnológica coordinada con los organismos reguladores.
La volatilidad de la política fiscal plantea un reto operativo relevante para las empresas multinacionales que deben navegar entornos regulatorios complejos. Según estudios de laboratorios analíticos de referencia, los ajustes regulatorios frecuentes en diferentes jurisdicciones se asocian directamente al incremento de los costes de cumplimiento y a la aparición de ineficiencias operativas. Las compañías con presencia en múltiples territorios afrontan dificultades acumulativas cuando los marcos fiscales sufren modificaciones constantes, lo que exige importantes recursos financieros y humanos para garantizar la conformidad normativa.
La carga de cumplimiento se ve intensificada por la necesidad de monitorizar y adaptar continuamente los procedimientos a los cambios regulatorios. Si la política fiscal varía de forma inesperada, las organizaciones deben invertir en infraestructuras de cumplimiento actualizadas, formación especializada y asesoría jurídica para interpretar correctamente los nuevos requisitos. Este enfoque reactivo distrae recursos de las prioridades estratégicas y eleva el coste operativo global. Los estudios muestran que las empresas experimentan aumentos del coste de cumplimiento entre el 15 % y el 25 % en periodos de alta volatilidad regulatoria, especialmente cuando los cambios afectan a varias jurisdicciones a la vez.
Además de los costes directos, la volatilidad normativa genera incertidumbre en la planificación financiera y dificulta la previsión precisa de las obligaciones fiscales. Las organizaciones encuentran complicado anticipar sus cargas tributarias cuando los marcos regulatorios permanecen inestables, lo que puede acarrear obligaciones inesperadas o sanciones por incumplimiento. Estos efectos en cascada impactan desde la gestión de liquidez hasta las decisiones de inversión y la confianza de los inversores y socios.
Superar este desafío exige estrategias proactivas, como sistemas sólidos de monitorización normativa, conocimientos especializados en cumplimiento y una relación estratégica con las autoridades fiscales. Las empresas que adoptan marcos integrales de gestión de riesgos y mantienen estructuras de cumplimiento flexibles demuestran una mayor capacidad para afrontar disrupciones regulatorias, protegiendo así su rentabilidad y continuidad operativa en entornos de alta volatilidad.
Las vulnerabilidades en los smart contracts representan un desafío operativo crítico que va más allá de los marcos regulatorios convencionales. El panorama de 2024 revela una exposición financiera preocupante, con fallos de control de acceso que generaron pérdidas de 953,2 millones y errores de lógica que provocaron más de 1,1 mil millones en activos perdidos. Los ataques de reentrancy, la manipulación de oráculos y la falta de validación de entradas siguen amenazando miles de millones en activos digitales en ecosistemas descentralizados.
Estas vulnerabilidades técnicas se materializan a través de cadenas de ataques que combinan distintos vectores simultáneos. Los atacantes explotan la interacción entre errores de lógica, debilidades de gobernanza, exposición de claves administrativas y fallos en dependencias externas. En un caso destacado, los atacantes obtuvieron control sobre direcciones privilegiadas y realizaron actualizaciones no autorizadas, sustrayendo cerca de 70 millones en fondos bloqueados. Estos incidentes demuestran que la supervisión regulatoria suele ir por detrás de la complejidad técnica de las amenazas.
El riesgo operativo trasciende los errores aislados de los contratos. Las campañas de phishing y la ingeniería social dirigidas a equipos de desarrollo de smart contracts provocaron pérdidas de 50 millones, lo que demuestra que los factores humanos agravan las vulnerabilidades técnicas. Además, los ataques de denegación de servicio pueden agotar los recursos de los contratos manipulando el gas, inutilizando protocolos independientemente de la calidad del código.
Superar estos riesgos requiere una arquitectura técnica multinivel. Las soluciones que integran sistemas de pruebas de conocimiento cero, redes de oráculos descentralizados y mecanismos de prueba de fraude on-chain representan enfoques innovadores para mitigar riesgos de ejecución. La integración de estos elementos por parte de Merlin Chain evidencia cómo las soluciones Layer 2 nativas pueden implementar mecanismos de seguridad más robustos que refuercen tanto la auditoría de código como las pautas de cumplimiento regulatorio.
MERL es una moneda Web3 desarrollada sobre la blockchain de Solana, reconocida por sus transacciones rápidas y de bajo coste. Se apoya en la infraestructura escalable y ágil de Solana para facilitar aplicaciones descentralizadas eficientes y la participación en el ecosistema.
Merlin crypto muestra una marcada tendencia alcista, con previsiones que apuntan a un notable potencial de crecimiento. El análisis de mercado señala una expansión sólida, impulsada por la adopción creciente y el desarrollo del ecosistema. El token está bien posicionado para una apreciación significativa a largo plazo conforme evoluciona el sector Web3.
Merlin crypto representa una opción atractiva para inversiones a largo plazo, gracias a su tecnología innovadora y la creciente adopción en su ecosistema. Su posicionamiento estratégico en el ámbito Web3 y el aumento del volumen de transacciones lo convierten en una alternativa interesante para quienes buscan exposición a oportunidades emergentes en blockchain.











