
Entre 2020 y 2026, las acciones de cumplimiento de la SEC en el sector de las criptomonedas transformaron en profundidad el modo en que plataformas y emisores de activos digitales gestionan la supervisión regulatoria y las obligaciones de cumplimiento. Estas medidas dirigidas contra ofertas de valores no registradas y fraudes obligaron a exchanges, emisores y proveedores de servicios a reforzar sustancialmente su infraestructura de cumplimiento y sus capacidades de reporte. El régimen de supervisión reforzado de la SEC elevó notablemente los costes regulatorios, exigiendo inversiones significativas en asesoría legal, tecnología de cumplimiento y auditorías para cumplir los nuevos estándares.
El efecto de estas acciones de cumplimiento se extiende más allá de las empresas afectadas, generando impactos en todo el ecosistema de criptomonedas. Los bancos han comenzado a reducir su exposición a plataformas vinculadas a objetivos regulatorios o activos digitales sancionados, mientras los principales exchanges eliminan de forma proactiva tokens con riesgo regulatorio. Esta presión obliga a todos los participantes del mercado (de custodios a mercados de negociación) a adoptar requisitos de cumplimiento más estrictos y marcos de reporte transparentes. Los proveedores de servicios afrontan una vigilancia más intensa en la diligencia debida y el monitoreo de transacciones, lo que establece nuevas expectativas normativas para la operativa y la rendición de cuentas en la industria.
Los sistemas robustos de KYC y diligencia debida del cliente son la defensa principal contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el fraude en los mercados de criptomonedas. Estos marcos de cumplimiento requieren verificar la identidad y evaluar el riesgo del cliente durante todo su ciclo de relación, no solo en el alta inicial.
La diligencia debida eficaz se basa en un enfoque basado en riesgos, donde la intensidad de los controles se adapta al perfil del cliente. Los clientes de bajo riesgo pasan por una diligencia simplificada (SDD) con verificaciones básicas de sanciones, mientras que los perfiles de alto riesgo, como PEP o residentes en jurisdicciones de riesgo, requieren diligencia reforzada (EDD). Este sistema permite asignar los recursos de cumplimiento de forma eficiente y garantiza la defensa ante los reguladores.
Implantar sistemas KYC/AML integrales implica incorporar monitorización de sanciones, verificación de titularidad real y control continuo de transacciones. En vez de tratar la diligencia debida como una acción puntual, las entidades modernas adoptan modelos de KYC perpetuo que actualizan automáticamente el perfil de riesgo según nueva información relevante. El informe de Deloitte sobre delitos financieros de 2024 indica que la diligencia debida representa hasta el 30 % del gasto en AML de las grandes instituciones financieras, lo que evidencia la inversión operativa necesaria.
Los exchanges de criptomonedas y los proveedores de servicios financieros deben documentar políticas AML que demuestren cómo sus procedimientos de diligencia se ajustan a las exigencias regulatorias y se adaptan al riesgo real. El equilibrio entre protección integral y eficiencia operativa determina el éxito regulatorio y la viabilidad organizativa.
La tecnología blockchain proporciona transparencia sin precedentes para auditoría, creando registros inmutables que facilitan la verificación a los organismos reguladores. Esta transparencia responde a una exigencia crítica de los marcos modernos de cumplimiento, donde demostrar la autenticidad y auditabilidad de las transacciones es esencial. Sin embargo, la relación entre la capacidad técnica de blockchain y los estándares regulatorios es compleja, y requiere una integración cuidadosa para asegurar el cumplimiento legal.
El principal desafío es conciliar la naturaleza descentralizada de blockchain con las expectativas regulatorias basadas en sistemas centralizados. La mayoría de los estándares se diseñaron antes de la aparición de blockchain, lo que genera brechas de compatibilidad para las organizaciones. Aunque la transparencia de auditoría en blockchain ofrece integridad de datos superior, los reguladores exigen mecanismos de cumplimiento alineados con protocolos de gobernanza tradicionales. Por tanto, la transparencia tecnológica no es suficiente para garantizar el cumplimiento regulatorio.
Para superar esta brecha, las organizaciones deben añadir capas de gobernanza que traduzcan la transparencia de blockchain a formatos reconocibles para los reguladores. Muchas plataformas ya incorporan capacidades avanzadas de reporte, sistemas de verificación de identidad y estándares de documentación compatibles con la infraestructura blockchain. Estas medidas complementarias permiten cumplir las exigencias regulatorias y aprovechar las ventajas de auditoría que aporta la tecnología.
Los marcos regulatorios evolucionan para adaptarse a la realidad blockchain, y algunas jurisdicciones ya desarrollan estándares específicos para tecnología de registro distribuido. Esta evolución demuestra que la transparencia de auditoría blockchain puede apoyar los objetivos regulatorios si se integra en estructuras de cumplimiento rigurosas. Las organizaciones en la frontera de ambos ámbitos deben anticipar y comprender tanto las capacidades tecnológicas como las expectativas regulatorias en desarrollo para asegurar el cumplimiento legal pleno.
La SEC da prioridad a las ofertas de valores no registradas y a la operativa de exchanges sin licencia. Sus principales focos incluyen proyectos sin registro adecuado y plataformas que facilitan la negociación de valores no registrados. Los casos destacados afectan a grandes plataformas acusadas de operar como exchanges y brókers no registrados, sin marcos de cumplimiento.
Las políticas KYC y AML evitan el blanqueo de capitales y el fraude, y protegen los fondos de los usuarios. El incumplimiento implica sanciones legales, cierre de la plataforma y penalizaciones regulatorias. El cumplimiento fomenta la confianza y asegura un entorno de negociación seguro.
La transparencia de auditoría requiere auditorías independientes y divulgaciones financieras públicas. Para evaluar su calidad, se analiza la reputación del auditor, el contenido técnico del informe, la verificación de smart contracts y si el equipo del proyecto publica y atiende los hallazgos.
Estados Unidos aplica normas ambiguas a través de leyes existentes, mientras Japón y Singapur disponen de marcos específicos para criptomonedas. La UE prioriza la protección del consumidor con MiCA, y Hong Kong mantiene un sistema de licencias. La claridad regulatoria varía considerablemente entre jurisdicciones.
Los wallets de autocustodia presentan deficiencias en AML/KYC, dificultades en la declaración fiscal, riesgos de blanqueo y ambigüedad normativa. Las vulnerabilidades de seguridad, errores en smart contracts y la falta de protección legal para los titulares de claves privadas son también factores críticos de cumplimiento en distintas jurisdicciones.











