


La estrategia regulatoria de la SEC respecto a los tokens DePIN se centra en determinar si estos activos son contratos de inversión conforme a la ley federal de valores. Para DGRAM y otros tokens DePIN, esta clasificación implica consecuencias legales relevantes. La SEC aplica con rigor los marcos normativos existentes a la distribución de activos digitales, valorando si los titulares de tokens esperan obtener rendimientos del trabajo del equipo del proyecto o de los operadores de la plataforma.
En el contexto regulatorio de 2026, la SEC advierte que las empresas no deben esperar regulaciones específicas para activos digitales, sino que deben aplicar de manera proactiva las obligaciones propias de los valores tradicionales a sus operaciones con tokens DePIN. Esto exige integrar el cumplimiento normativo de activos digitales en la estrategia empresarial principal, en vez de tratarlo como un asunto secundario. Para los titulares de DGRAM y participantes del ecosistema, supone un cambio estructural en la gestión del riesgo regulatorio.
Las cartas de no acción y las directrices de la SEC demuestran que la clasificación de tokens DePIN depende de las circunstancias particulares: la mecánica de distribución, la gobernanza y si los titulares realmente contribuyen al funcionamiento de la red o esperan rendimientos de forma pasiva. Los marcos de cumplimiento deben establecer una clara diferenciación entre distribuciones programáticas y contratos de inversión especulativos. Los proyectos que operan en varias jurisdicciones están sometidos a un escrutinio doble, pues deben cumplir tanto los criterios de la SEC como los estándares internacionales, como el reglamento europeo de mercados de criptoactivos.
Las entidades financieras y las plataformas de activos digitales afrontan una complejidad operativa creciente al navegar por el panorama fragmentado de normativas transfronterizas. Los estándares KYC y AML presentan notables diferencias entre jurisdicciones, lo que supone barreras importantes para la expansión internacional. Mientras la Unión Europea impone estrictos requisitos de la Travel Rule, los reguladores de Asia-Pacífico aplican protocolos de verificación de clientes muy diferentes, y los mercados emergentes continúan desarrollando sus propios sistemas, conformando un mosaico de obligaciones a menudo contradictorias.
Esta divergencia regulatoria ha impulsado una rápida transformación del mercado. El sector Digital KYC Verification Stack alcanzó los 12,7 mil millones USD en 2026, con una adopción creciente de herramientas biométricas y soluciones basadas en inteligencia artificial para automatizar la verificación de clientes en distintas jurisdicciones. Aunque estas tecnologías ayudan a gestionar la complejidad, los costes de implementación y la carga regulatoria siguen siendo elevados para plataformas descentralizadas como DGRAM.
Organismos internacionales—including FATF, IOSCO y FSB—trabajan activamente para coordinar estándares de implementación y cerrar brechas regulatorias transfronterizas. Sin embargo, pese a los esfuerzos de armonización, las entidades deben mantener sistemas de cumplimiento paralelos adaptados a los requisitos específicos de cada región. Para DGRAM y otras plataformas de infraestructura de datos descentralizadas, esta divergencia plantea desafíos particulares, ya que la naturaleza distribuida de sus redes dificulta la interpretación regulatoria local y multiplica el consumo de recursos.
El marco regulatorio de los protocolos DePIN como DGRAM se ha transformado de forma notable en 2025, reflejando un aumento en el control por parte de las autoridades mundiales. Los reguladores entienden que las redes de infraestructura descentralizada requieren mecanismos de supervisión sólidos para proteger a los participantes y garantizar la integridad de los datos en sistemas distribuidos. Los nuevos estándares de seguimiento de dispositivos se han convertido en un pilar fundamental, obligando a los operadores de protocolos DePIN a implementar sistemas de monitorización exhaustivos para verificar la disponibilidad y validar las actividades reales en el mundo físico.
La gestión de acuerdos de datos es otro aspecto clave de la regulación de 2025. Los protocolos deben definir procedimientos formales para el tratamiento de datos, especificando cómo fluye la información de los participantes en la red e incluyendo mecanismos explícitos de consentimiento en todo el ecosistema. Estos requisitos reconocen que las redes DePIN, que gestionan millones de fuentes y dispositivos de datos, necesitan modelos de gobernanza transparentes. El cumplimiento se ha vuelto obligatorio para todos los actores de la red, desde los operadores de nodos hasta los proveedores de infraestructura.
La adopción de estos requisitos genera retos y oportunidades para DGRAM y protocolos afines. Las organizaciones deben invertir en infraestructura de cumplimiento, documentación y controles de privacidad. Sin embargo, la claridad regulatoria refuerza la confianza del mercado, distingue a los protocolos conformes frente a alternativas no reguladas y posiciona a las plataformas de protocolo DePIN como soluciones institucionales para la economía descentralizada.
El proceso de auditoría de DGRAM pone de manifiesto carencias críticas que afectan la confianza de los stakeholders y el cumplimiento normativo. La cuestión más grave es la divulgación financiera insuficiente, ya que el proyecto no ha presentado información exhaustiva sobre movimientos de fondos, asignación de tokens y gastos operativos. Esta falta contradice los estándares de transparencia financiera exigidos por reguladores e inversores. La documentación de cumplimiento actual no tiene el nivel de detalle necesario para satisfacer las demandas institucionales, careciendo de información precisa sobre gestión de tesorería, auditorías de smart contracts y sistemas de compensación de validadores.
Estas deficiencias en la transparencia de auditoría aumentan los riesgos. En el plano reputacional, unos estándares de divulgación deficientes pueden indicar falta de madurez organizativa o una ocultación deliberada, dañando la percepción de mercado. Los inversores institucionales exigen marcos de cumplimiento estrictos antes de comprometer capital, y las carencias de DGRAM dificultan su adopción institucional.
La exposición a responsabilidad legal es igualmente preocupante. Los reguladores que evalúan proyectos DePIN valoran la exhaustividad de la divulgación financiera como indicador de legitimidad. Una documentación insuficiente puede contravenir nuevas normativas sobre valores en distintas jurisdicciones, especialmente respecto a la venta de tokens y su economía. Asimismo, las lagunas en la documentación de cumplimiento sobre gestión de datos y privacidad pueden dar lugar a investigaciones bajo marcos internacionales de protección de datos.
La solución inmediata pasa por realizar auditorías independientes, adoptar protocolos estandarizados de documentación de cumplimiento y establecer mecanismos de informes trimestrales transparentes. El proyecto debe definir con claridad la gobernanza y la distribución de fondos mediante registros verificables tanto on-chain como off-chain. Corregir estas deficiencias en la transparencia de auditoría es imprescindible no sólo para el cumplimiento regulatorio, sino para alcanzar la credibilidad institucional que exige la viabilidad de DGRAM en los mercados cripto cada vez más regulados.
Actualmente, DGRAM opera en un entorno mayoritariamente no regulado en las principales jurisdicciones. Ni Estados Unidos, ni la UE ni Singapur han publicado marcos regulatorios específicos para DGRAM. Su estatus regulatorio permanece indefinido y puede variar según el país, con posibles cambios conforme evolucionen las normativas cripto a nivel global en 2025-2026.
En 2025, DGRAM podría estar sujeto a requisitos regulatorios más estrictos, especialmente en mecanismos NFT y sistemas de incentivos con tokens, a medida que la regulación internacional se endurece. Las jurisdicciones continúan perfeccionando sus leyes sobre criptoactivos, lo que convierte el cumplimiento en una prioridad crítica para la sostenibilidad operativa.
Los titulares y traders de DGRAM asumen una alta responsabilidad de inversión. Las obligaciones fiscales varían por jurisdicción, aunque generalmente incluyen el impuesto sobre ganancias de capital en los beneficios. Es imprescindible cumplir la normativa local sobre criptomonedas. Consulte a las autoridades fiscales locales para requisitos específicos.
DGRAM debe implementar procedimientos KYC para la verificación de identidad, asegurando el cumplimiento normativo y reforzando la seguridad de la plataforma. Además, el proyecto debe cumplir la regulación financiera vigente, mantener una gobernanza transparente, realizar auditorías periódicas y definir marcos claros de utilidad de tokens para evitar riesgos regulatorios.
DGRAM no cuenta por ahora con una clasificación regulatoria definida. Si los tribunales lo consideran un valor, la negociación en mercados secundarios deberá ajustarse a la ley de valores. Su estatus legal sigue sin concretarse en la mayoría de jurisdicciones en 2025.
Las regulaciones AML y KYC de 2025 impactan notablemente a DGRAM, exigiendo controles más estrictos de verificación de identidad y transparencia en las transacciones. Estas exigencias incrementan los costes de cumplimiento y pueden restringir ciertas operaciones, pero refuerzan la legitimidad del ecosistema y favorecen la adopción institucional.











