


La tecnología Proof-of-View de VRA introduce un enfoque innovador para la autenticación de vídeos y la participación de los espectadores en la cadena, pero esta innovación genera una considerable incertidumbre en su clasificación según los marcos legales de valores vigentes. El principal desafío radica en la ambigüedad sobre si los tokens VRA funcionan principalmente como tokens de utilidad o como valores, ya que están integrados en el mecanismo Proof-of-View que recompensa directamente a los espectadores.
Las prioridades de revisión de la SEC para 2026 se centran en la aplicación basada en pruebas y no en la clarificación de políticas, lo que obliga a plataformas tecnológicas como Verasity a desenvolverse en un entorno regulatorio incierto. Esta ambigüedad resulta especialmente acusada porque la tecnología Proof-of-View de VRA no encaja claramente en las categorías regulatorias existentes. A diferencia de los tokens tradicionales de la cadena con funciones utilitarias directas, el mecanismo de recompensas de Verasity crea una relación compleja entre la expectativa de revalorización y la utilidad real del token.
La incertidumbre regulatoria ya ha alterado la aproximación de los inversores a VRA y a proyectos similares de blockchain. Muchos emplean estrategias de cobertura y diversificación geográfica, asignando parte de su exposición a jurisdicciones con marcos más claros. La incertidumbre sobre la clasificación de la tecnología de VRA influye directamente en la estructura del mercado, ya que los inversores institucionales permanecen cautos a la espera de directrices claras de la SEC sobre cómo los mecanismos Proof-of-View generan obligaciones legales en materia de valores. Esta ambigüedad persistente explica por qué VRA afronta riesgos de cumplimiento diferentes a los de proyectos con arquitecturas de token más sencillas, lo que convierte las decisiones de la SEC en un factor clave para el panorama regulatorio del proyecto en 2026.
En un entorno regulatorio cada vez más complejo, los estándares KYC y AML de nivel institucional se han vuelto esenciales para gestionar los flujos transfronterizos de tokens. El token VRA, como todos los activos virtuales que facilitan transacciones internacionales, enfrenta un escrutinio creciente bajo marcos como la Regla de Viaje del GAFI, que exige a los proveedores de servicios de activos virtuales compartir información del originador y del beneficiario en transacciones superiores a ciertos umbrales. A partir de enero de 2026, la regulación unificada de AML de la Unión Europea y el marco de supervisión de Mercados de Criptoactivos (MiCA) establecerán estándares KYC/AML homogéneos para los Estados miembros, y exigirán a los VASP que gestionan VRA la implantación de sistemas sólidos de verificación de identidad y monitoreo continuo de transacciones. Muchas plataformas presentan actualmente carencias en el cumplimiento, ya que carecen de sistemas avanzados de evaluación de riesgos necesarios para detectar patrones sospechosos asociados al blanqueo de capitales. Los estándares institucionales requieren procesos de incorporación de clientes exhaustivos, monitoreo automatizado de transacciones en distintas jurisdicciones y la designación de responsables de cumplimiento dedicados, requisitos que superan la verificación básica. El incumplimiento de estos estándares institucionales expone a proyectos como Verasity a sanciones regulatorias graves, revocación de licencias y daños reputacionales importantes. La convergencia de los plazos para la Regla de Viaje en jurisdicciones como Australia y Brasil (marzo de 2026) con la Regulación de Transferencia de Fondos de la UE configura un entorno de cumplimiento multinivel. Los proyectos deben disponer de marcos de nivel institucional para garantizar transacciones transfronterizas de VRA fluidas y conformes, mitigando al mismo tiempo los riesgos de delitos financieros.
Para un proyecto que reivindica una posición de mercado relevante como Verasity, la auditoría financiera independiente es un requisito de cumplimiento esencial y cada vez más vigilado por los reguladores. La ausencia de validación externa para afirmaciones de valoración tan elevadas genera un riesgo regulatorio relevante bajo los estándares de divulgación de la SEC en criptomonedas.
Cuando los proyectos presentan cifras de mercado o valoración sin la documentación de auditoría independiente correspondiente, esa falta de transparencia vulnera los principios de revelación recogidos en la normativa. La transparencia adecuada requiere que las afirmaciones financieras y de valoración estén respaldadas por auditores externos cualificados, especialmente si esos datos influyen en la toma de decisiones de los inversores. La referencia a informes proxy y procedimientos contables en la documentación regulatoria subraya cómo los inversores institucionales y responsables de cumplimiento evalúan la legitimidad del proyecto a través de rastros de auditoría verificables.
Esta brecha de verificación es especialmente crítica para la postura de cumplimiento de VRA de cara a 2026, cuando los reguladores internacionales endurecen las exigencias de transparencia financiera en los mercados de activos digitales. Los proyectos que no mantienen verificaciones independientes documentadas se exponen a un mayor escrutinio por parte de la SEC y otras autoridades. Para Verasity, establecer protocolos de auditoría de terceros creíbles no es solo una buena práctica: es esencial para demostrar buena fe ante los estándares de gobernanza en evolución y proteger la confianza del mercado en las declaraciones financieras del proyecto.
A medida que centros financieros globales como Estados Unidos, Reino Unido y Hong Kong impulsan reformas regulatorias integrales, el endurecimiento de los requisitos de cumplimiento para exchanges de criptomonedas es inminente. Este refuerzo normativo busca integrar la industria de activos virtuales en marcos institucionales, generando cargas operativas y de cumplimiento sustanciales para las plataformas de trading. Los exchanges que no cumplan con los nuevos estándares reforzados podrían verse obligados a excluir tokens que no acrediten conformidad total con los requisitos emergentes, y VRA resulta especialmente vulnerable ante este nuevo escenario. La integración de la regulación de activos virtuales en marcos institucionales forzará a los exchanges a realizar una debida diligencia mucho más rigurosa sobre los tokens listados, incluyendo auditorías operativas y evaluaciones integrales de cumplimiento. Para un token como VRA, con menor respaldo institucional que proyectos de mayor escala, mantener la presencia en grandes plataformas podría ser cada vez más difícil. A medida que el marco normativo se endurezca, muchos exchanges pequeños podrían abandonar el mercado o fusionarse, reduciendo el número de lugares disponibles para el trading. Esta consolidación amenaza directamente la liquidez de VRA al limitar las plataformas donde los inversores pueden negociar el token. El acceso reducido en los principales exchanges puede generar fricciones relevantes para los participantes, desplazando potencialmente la operativa a exchanges descentralizados donde la liquidez suele estar fragmentada. El riesgo de exclusión representa un punto crítico para VRA, ya que mantener la presencia en exchanges regulados y conformes es esencial para sostener el volumen de trading y la accesibilidad al mercado en 2026.
Verasity (VRA) afronta riesgos de clasificación como token de publicidad digital bajo la normativa de valores en EE. UU., la legislación de protección de datos en la UE y la normativa de servicios financieros en Singapur. Cumplir los estándares AML/KYC y la normativa cripto en evolución sigue siendo esencial en todas las jurisdicciones.
VRA afronta riesgos de reclasificación como valor debido a sus funciones económicas duales en el protocolo PoV. Si se reclasifica, VRA quedaría bajo una mayor supervisión de la SEC, con costes de cumplimiento más altos, posibles exclusiones en exchanges, menos liquidez y menor confianza de los inversores, lo que restringiría el crecimiento y el acceso al mercado del proyecto.
Verasity debe cumplir el RGPD, lo que exige consentimiento explícito del usuario para la recogida de datos, políticas de tratamiento transparentes y medidas estrictas de protección de la privacidad. La plataforma debe implementar almacenaje seguro de datos, anonimización de usuarios mediante identificadores hash y mecanismos de consentimiento claros para cumplir la normativa y mantener la funcionalidad.
Verasity refuerza el cumplimiento mediante módulos avanzados de KYC/AML y sistemas de monitoreo con aprendizaje automático. La plataforma vigila transacciones en tiempo real para detectar actividades sospechosas y salvaguardar la privacidad de los datos. Estas medidas reforzadas aumentan la confianza del usuario y garantizan legitimidad regulatoria.
Las alianzas de Verasity con exchanges pueden enfrentar un escrutinio regulatorio más estricto, limitando operaciones transfronterizas e intercambio de datos. La adopción de tecnologías avanzadas de cumplimiento se vuelve imprescindible. La divergencia regulatoria entre jurisdicciones aumenta la complejidad operativa y los costes de cumplimiento.
La estructura de gobernanza y el marco de cumplimiento de VRA son actualmente adecuados para los requisitos regulatorios vigentes, aunque la llegada de estándares más estrictos podría requerir ajustes adicionales para mantener el cumplimiento pleno ante la evolución de la normativa global.











