

El planteamiento de la SEC respecto a los estándares de clasificación determina qué criptoactivos deben cumplir obligaciones regulatorias. La agencia diferencia utility tokens y valores principalmente mediante el Howey Test, evaluando si los activos digitales constituyen contratos de inversión donde las ganancias dependen de terceros. Este marco regula directamente las obligaciones para los proyectos listados en plataformas. Por ejemplo, los protocolos blockchain de Layer 1 bajo la supervisión de la SEC deben demostrar si sus tokens actúan como vehículos de inversión o si aportan utilidad real a la red.
Las obligaciones de cumplimiento nacen de este proceso de clasificación. Los activos considerados valores deben ajustarse a la normativa federal de valores, lo que implica registro o exención antes de su negociación. Esto abarca requisitos de divulgación, medidas de protección al inversor y reportes periódicos. El marco regulatorio establece que las ofertas con expectativas de beneficio están sujetas a mayor escrutinio que las implementaciones orientadas a la utilidad. Los proyectos que acreditan propósitos funcionales legítimos (por ejemplo, pago por servicios de red o recursos computacionales) reciben un trato distinto bajo la normativa de la SEC para 2025. La documentación que acredite utilidad es esencial para el cumplimiento. Las plataformas que facilitan la negociación deben verificar la clasificación del activo y aplicar controles de cumplimiento apropiados. Distinguir entre security y utility determina los requisitos de registro, restricciones de negociación y estándares de custodia, por lo que una clasificación precisa resulta imprescindible para los agentes de mercado.
Los exchanges cripto afrontan una presión creciente para adaptar sus prácticas de divulgación a los estándares de cumplimiento de la SEC en evolución. La distancia entre las divulgaciones de los exchanges actuales y las expectativas regulatorias constituye uno de los mayores desafíos de cumplimiento en 2025. Aunque muchas plataformas ofrecen datos de negociación y listados de activos, la profundidad y estandarización de los requisitos de transparencia sigue siendo desigual en el sector.
La SEC exige que los exchanges que operan como Alternative Trading Systems (ATS) o buscan aprobación regulatoria implementen requisitos de auditoría exhaustivos que superen las divulgaciones financieras convencionales. Esto abarca verificación en tiempo real de reservas, acuerdos de custodia y métricas operativas detalladas. Sin embargo, muchos exchanges mantienen opacidad en aspectos críticos como la estructura de comisiones, políticas de conflicto de interés o mecanismos contra el uso de información privilegiada. Las expectativas regulatorias cada vez exigen una mayor verificación por terceros de estos datos, generando una importante brecha en el marco de cumplimiento.
Los estándares de auditoría efectivos deben cubrir revisiones técnicas de seguridad y validación de estados financieros. Las plataformas líderes adoptan servicios de atestación en tiempo real y sistemas blockchain de proof-of-reserves para reducir esta brecha. Sin embargo, la estandarización sigue siendo un reto: distintas jurisdicciones imponen requisitos diferentes, lo que obliga a los exchanges a navegar marcos de cumplimiento fragmentados. A medida que la supervisión de la SEC se intensifica en 2025, quienes no reduzcan proactivamente la brecha entre divulgaciones voluntarias y expectativas regulatorias obligatorias afrontarán sanciones y restricciones operativas.
En 2025, varias acciones emblemáticas de la SEC han redefinido el modo en que las plataformas cripto gestionan el cumplimiento y los estándares operativos. Estos casos sientan precedentes esenciales e influyen en la interpretación y aplicación de la normativa de valores a los activos digitales. Cuando la SEC actúa contra exchanges o protocolos destacados, no solo sanciona a entidades concretas, sino que establece estándares de cumplimiento para toda la industria, impulsando a los competidores a revisar sus marcos regulatorios.
Entre las acciones más destacadas figuran las dirigidas a programas de staking rewards y ofertas de valores no registradas, que han generado importantes desafíos operativos. Los proyectos que refuerzan su cumplimiento tras estos casos suelen experimentar volatilidad temporal, mientras los inversores reaccionan ante las implicaciones. Por ejemplo, las plataformas que operaban en zonas grises regulatorias se ven obligadas a optar por protocolos más estrictos o arriesgarse a sanciones. Esta dinámica afecta de forma directa a la valoración de los tokens y a los volúmenes de negociación, como se ha visto en periodos de mayor escrutinio de la SEC.
Estas actuaciones reflejan la evolución en la interpretación de la SEC sobre qué constituye un valor en el ámbito cripto. El consiguiente incremento de obligaciones—como la mejora de procedimientos de conocimiento del cliente, monitorización de transacciones y requisitos adicionales de divulgación—se convierte en un factor diferencial. Los exchanges con una cultura de cumplimiento proactiva atraen a inversores institucionales y obtienen mayor aceptación regulatoria, mientras que los reticentes afrontan mayores costes legales y reputacionales. El análisis de estos casos aporta orientación práctica a los participantes, reduce la incertidumbre normativa y contribuye a un ecosistema cripto más maduro y alineado con los estándares financieros tradicionales.
Los procedimientos KYC y AML son pilares esenciales de la supervisión cripto, con la SEC reforzando la verificación de identidad y la monitorización de transacciones durante 2025. Los nuevos estándares exigen que instituciones financieras y plataformas cripto profundicen en la investigación de clientes, especialmente para operaciones de alto riesgo que superen los umbrales regulatorios. Estas medidas avanzadas incluyen verificación de titularidad real, análisis del origen de fondos y monitorización continua de patrones de comportamiento para identificar actividades sospechosas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
La monitorización de operaciones transfronterizas es clave en la arquitectura moderna de cumplimiento AML. Los reguladores exigen que exchanges y custodios implementen sistemas sofisticados para rastrear activos entre jurisdicciones en tiempo real. La SEC obliga a evaluar riesgos de contraparte en transferencias internacionales, prestando especial atención a transacciones con jurisdicciones de alto riesgo. Estos sistemas deben conectarse con bases de datos regulatorias globales para identificar entidades sancionadas y personas políticamente expuestas. Incumplir los estándares KYC/AML puede conllevar sanciones millonarias o incluso el cese de actividad. Las plataformas que aplican tecnología avanzada de monitorización alineada con las exigencias de la SEC ganan ventaja competitiva y reducen riesgos regulatorios.
En 2025, la SEC clasifica los criptoactivos en valores, commodities y tokens de pago. Los valores requieren registro y cumplimiento de reglas de divulgación. Los commodities quedan bajo jurisdicción de la CFTC. Los stablecoins requieren supervisión bancaria. Los protocolos DeFi están sujetos a mayor escrutinio sobre custodia y riesgos de manipulación de mercado.
La SEC suele considerar valores a los tokens que cumplen el Howey Test, es decir, contratos de inversión con expectativa de beneficio derivada del trabajo de terceros. Bitcoin y Ethereum no se consideran valores en general. La mayoría de los demás tokens, incluidos muchos altcoins y utility tokens con características de inversión, sí están bajo la lupa de la SEC.
Exchanges y proveedores de wallets deben registrarse como transmisores de dinero, aplicar procedimientos AML/KYC, conservar registros de operaciones, presentar informes de actividad sospechosa y cumplir la normativa estatal. Además, deben garantizar la custodia de fondos de clientes y los reportes exigidos por FinCEN.
El inversor debe saber que los criptoactivos pueden ser considerados valores, lo que implica cumplir reglas de registro y divulgación. Es obligatorio informar las operaciones en la declaración fiscal, mantener registros precisos y conocer la normativa antifraude. También debe cumplir con KYC/AML y seguir la evolución normativa de la SEC sobre activos digitales y staking.
Los emisores deben registrar las ofertas de valores, salvo exención, divulgar información relevante, cumplir normas antifraude, aplicar procedimientos KYC/AML, remitir informes y asegurar que los tokens no vulneren la legislación de valores. No cumplir supone riesgo de sanción, multa y suspensión del proyecto.
El incumplimiento puede conllevar sanciones civiles de hasta 5 millones de dólares por infracción, multas penales, prisión hasta 20 años, devolución de beneficios, órdenes judiciales y vetos permanentes en la industria. La SEC puede perseguir a personas y entidades por ofertas de valores no registradas o manipulación de mercado en criptoactivos.
Las plataformas DeFi pueden estar bajo control de la SEC si ofrecen valores o funcionan como exchanges. Para cumplir, es necesario clasificar los tokens correctamente, auditar los smart contracts, informar de forma transparente y aplicar controles anti-blanqueo.
Los stablecoins estadounidenses están sujetos a control federal integral. Para 2025, se exige verificación de reservas, mayor cumplimiento anti-blanqueo y posibles licencias estatales. El marco FIT21 aporta normas federales claras, pero los estados mantienen regulación propia, creando un sistema de doble cumplimiento para emisores de stablecoins.
Los custodios deben cumplir la normativa de la SEC como broker-dealers o asesores de inversión, mantener los activos de clientes segregados, aplicar estándares de ciberseguridad, obtener las licencias pertinentes, presentar la información requerida y cumplir AML/KYC según las reglas de FinCEN.
Las empresas deben implementar marcos integrales mediante: análisis regulatorio, protocolos claros de clasificación de tokens, procedimientos KYC/AML, registros de transacciones detallados, responsables de cumplimiento, asesoría legal y seguimiento continuo de novedades y acciones de la SEC.
El valor de NEAR dependerá de la adopción de la red, el desarrollo del ecosistema y el entorno de mercado. Para finales de 2025, analistas prevén que NEAR alcance entre 15 y 25 dólares, en función del avance del proyecto y el interés institucional en soluciones de layer-1.
NEAR Protocol está bien posicionado para crecer gracias al escalado layer-2, la adopción por desarrolladores y alianzas corporativas. Su tecnología de sharding y su enfoque accesible le otorgan competitividad en el entorno Web3. Entre 2025 y 2026 se prevé su adopción generalizada y una apreciación relevante conforme crecen los casos de uso reales.
NEAR Coin es el token nativo de NEAR Protocol, una blockchain de layer-1 que permite aplicaciones descentralizadas rápidas, escalables y fáciles de usar. NEAR sirve para transacciones, smart contracts y la seguridad de la red, y ofrece bajas comisiones y alto rendimiento para la innovación Web3.
NEAR y Solana responden a objetivos distintos. NEAR destaca por su escalabilidad y experiencia para desarrolladores gracias al sharding, mientras que Solana sobresale por su velocidad de transacción. La elección depende de la prioridad: facilidad de desarrollo con NEAR o máxima velocidad con Solana.











