


En abril de 2024, Uniswap Labs recibió una Wells Notice de la SEC, que marcaba una posible acción regulatoria sobre la clasificación del token UNI y la conformidad normativa. Sin embargo, en febrero de 2025 la SEC anunció el cierre de su investigación plurianual sobre Uniswap, sin presentar ninguna acción de cumplimiento. Este giro supone una transición sustancial que refleja el cambio de perspectiva de la SEC sobre la gobernanza de finanzas descentralizadas y los marcos de clasificación de tokens.
El cierre de la investigación supuso un punto de inflexión para el sector cripto, ya que la SEC también retiró casos contra otras plataformas como Robinhood Crypto y OpenSea. Amanda Tuminelli, directora jurídica de DeFi Education Fund, describió la decisión como una oportunidad para que las empresas DeFi "puedan pasar de defenderse a ejercer nuestro derecho a construir tecnología descentralizada". Además, en octubre de 2025 el presidente de la SEC, Paul Atkins, anunció reformas profundas del proceso Wells, ampliando los plazos de respuesta y mejorando la transparencia informativa hacia los destinatarios. Estos cambios refuerzan el compromiso de la SEC con prácticas de cumplimiento más transparentes, al tiempo que abordan la imprevisibilidad regulatoria que antes dificultaba el trading y la adopción institucional del token UNI.
La descentralización de los tokens UNI genera retos considerables en un entorno normativo global fragmentado. Las distintas jurisdicciones han adoptado enfoques divergentes para clasificar y supervisar las criptomonedas, provocando brechas regulatorias y fricciones operativas. El mayor desafío surge de la disparidad entre los principales centros financieros, sobre todo entre la Unión Europea y Estados Unidos, donde los marcos regulatorios se basan en principios diferentes. La UE regula los activos digitales mediante MiCA, mientras que en EE. UU. la supervisión se reparte entre la SEC, la CFTC y FinCEN, cada una con criterios propios. Esta falta de uniformidad obliga a plataformas y proyectos de tokens a enfrentarse a matrices de cumplimiento complejas, exigiendo la adhesión simultánea a normativas contradictorias. Las operaciones transfronterizas con tokens UNI suman capas de dificultad, pues los requisitos regulatorios varían en cada frontera. El dinamismo de los marcos regulatorios multiplica estos retos: las jurisdicciones modifican sus enfoques constantemente, obligando a los participantes a mantenerse en alerta. Para los titulares de UNI y las plataformas de negociación, este entorno fragmentado exige estrategias legales avanzadas y estructuras de cumplimiento capaces de adaptarse a requisitos complejos y cambiantes en todas las regiones.
Los protocolos descentralizados como Uniswap afrontan desafíos estructurales para cumplir los estándares KYC/AML, que en 2026 son esenciales para los proveedores de servicios de activos digitales. A diferencia de los exchanges centralizados, los protocolos descentralizados no cuentan con intermediarios capaces de implementar sistemas robustos de verificación de identidad y monitorización de transacciones. Al no existir mecanismos de control, las operaciones con tokens UNI se realizan directamente en la blockchain sin comprobaciones de identidad centralizadas, lo que se traduce en déficits de cumplimiento que los reguladores consideran cada vez menos aceptables.
Las exigencias regulatorias han evolucionado profundamente. Los proveedores de servicios de activos digitales deben ajustarse ahora a estándares AML/KYC equivalentes a los bancarios, con monitorización total de transacciones y cumplimiento obligatorio de la Travel Rule. Esta presión afecta a los protocolos que permiten trading de UNI, aunque la arquitectura técnica plantea grandes obstáculos. El anonimato en blockchain, clave en DeFi, entra en conflicto directo con los requisitos AML de transparencia e identificación de usuarios. Además, la fragmentación regulatoria internacional dificulta la implementación uniforme del cumplimiento.
La paradoja entre privacidad y regulación genera una tensión sin solución. El RGPD exige anonimización y protección de datos, mientras los marcos AML prohíben el anonimato y reclaman registros completos de transacciones. La transparencia inmutable de blockchain—pensada para garantizar seguridad y trazabilidad—choca directamente con las obligaciones de privacidad de CCPA y RGPD. Los protocolos que soportan UNI deben afrontar este equilibrio imposible, en el que cumplir simultáneamente ambos marcos regulatorios resulta técnica y legalmente inviable, forzando decisiones arquitectónicas y operativas difíciles.
Las normativas que rigen los proyectos cripto se están endureciendo de forma significativa, y los tokens UNI se ven sometidos a una presión creciente para acreditar transparencia de auditoría y cumplir los estándares obligatorios de reporte que surgen en 2025. La SEC y reguladores internacionales requieren cada vez más divulgación de vulnerabilidades en smart contracts como condición para el cumplimiento y el acceso al mercado. Las auditorías tradicionales basadas en revisión de código ya no bastan; los reguladores esperan ahora evaluaciones de seguridad multinivel para detectar exploits y riesgos cross-chain.
Para UNI, este cambio conlleva obligaciones sustanciales de cumplimiento. Los proyectos que gestionan transacciones financieras y activos de usuarios deben someterse a auditorías de cumplimiento regulatorio estrictas, cuyos resultados deben comunicarse con transparencia a usuarios y autoridades. Los estándares obligatorios de reporte fijan plazos claros para divulgar vulnerabilidades, obligando a informar los riesgos identificados de forma inmediata, en lugar de ocultarlos o retrasar su publicación. Las auditorías de seguridad incluyen ahora pruebas para detectar vectores de ataque avanzados que puedan comprometer fondos de usuarios en distintas redes blockchain.
Las instituciones interesadas en integrar UNI exigen pruebas sólidas de seguridad mediante auditorías exhaustivas antes de cualquier colaboración. Al priorizar la transparencia y establecer protocolos de auditoría robustos, UNI refuerza la confianza de los inversores y demuestra compromiso con la normativa. Las auditorías periódicas aseguran la adaptación a los estándares sectoriales cambiantes y posicionan al protocolo en ventaja dentro de un entorno regulatorio cada vez más exigente. La divulgación de vulnerabilidades en smart contracts es clave para la sostenibilidad a largo plazo del protocolo.
La SEC cerró su investigación sobre Uniswap en febrero de 2025 sin presentar cargos. UNI se clasifica como token de gobernanza y no como valor, ya que no cumple los requisitos de contrato de inversión del test de Howey. El enfoque regulatorio se centra en reconocer los tokens de gobernanza descentralizados como instrumentos distintos a los valores tradicionales.
UNI no cumple la definición de valor, y la orientación regulatoria de la SEC respecto a proyectos descentralizados es incierta. La arquitectura descentralizada de Uniswap y su modelo operativo independiente disminuyen el riesgo de acciones de la SEC.
UNI afronta desafíos propios como token de gobernanza sujeto a la normativa de valores. Su estructura descentralizada, la posible clasificación como valor y la obligación de cumplir regulaciones AML/KYC generan presiones únicas. A diferencia de los tokens de utilidad, sus mecanismos de voto y recompensa pueden atraer una mayor supervisión de la SEC y exigencias adicionales de cumplimiento en 2025.
Uniswap gestiona los riesgos regulatorios mediante su estructura de token de gobernanza, que no presenta características de contrato de inversión y reduce el riesgo de ser considerado valor. El protocolo aplica medidas KYC/AML pese a las limitaciones de la descentralización, y se beneficia de los cambios regulatorios que favorecen los DEX en 2025.
El staking, trading y gobernanza de UNI están sujetos a incertidumbres regulatorias locales. El staking puede conllevar obligaciones fiscales; el trading implica riesgos de clasificación como valor en algunos territorios; la participación en la gobernanza puede suscitar cuestiones de responsabilidad. Los usuarios deben conocer los requisitos de cumplimiento y el estatus legal en cada jurisdicción.
Las políticas regulatorias de 2025 pueden influir notablemente en UNI a través de la volatilidad de mercado derivada de los anuncios de cumplimiento. Una regulación más estricta aumentaría los costes de cumplimiento para los DEX y podría afectar la utilidad y gobernanza de UNI. No obstante, una mayor claridad normativa favorecería la adopción institucional y fortalecería la credibilidad a largo plazo, impulsando potencialmente el precio de UNI.











