


Desde 2024, el marco regulatorio de los activos digitales ha cambiado radicalmente debido al incremento de acciones de cumplimiento por parte de la SEC. En 2023, la comisión inició 46 acciones relacionadas con criptomonedas, el máximo desde 2013, y mantuvo esa firmeza en 2024. Estas acciones de la SEC contra plataformas de criptomonedas se han centrado en ofertas de valores no registradas, con un 58 % de los casos cripto de 2024 alegando infracciones de requisitos de registro de valores y un 73 % alegando fraude.
Casos emblemáticos reflejan los nuevos precedentes legales que regulan los estándares de cumplimiento. La resolución de la SEC contra Ripple determinó que las ventas institucionales de tokens XRP eran ofertas de valores no registradas, lo que ha transformado la forma en que las plataformas evalúan la distribución de tokens. En 2024, la comisión emprendió tres acciones separadas relacionadas con el colapso de FTX, centradas en deficiencias de los programas de cumplimiento y violaciones de custodia. El 3 de septiembre de 2024, la SEC acusó a un asesor de inversiones registrado por no mantener activos cripto como valores con custodios cualificados según la norma de custodia, lo cual muestra un refuerzo en la supervisión de la protección de activos.
Estos patrones crean referencias claras de cumplimiento para las plataformas de activos digitales. El énfasis de la SEC en infracciones por valores no registrados y fallos de custodia establece precedentes jurídicos que definen qué actividades requieren registro y qué medidas de protección son obligatorias. Las actuaciones sobre NFT, incluidas tres acciones independientes, evidencian que ciertas ofertas de activos digitales están sujetas a regulación de valores. Para plataformas de criptomonedas y proveedores de servicios, estas acciones de la SEC trascienden la advertencia y se convierten en precedentes vinculantes que configuran la estructura de cumplimiento. Ahora deben implantar sistemas sofisticados de clasificación de valores, mantener acuerdos de custodia cualificada y establecer mecanismos sólidos de prevención del fraude, alineándose con los estándares en vigor desde 2024.
A partir del 1 de enero de 2026, los organismos reguladores han elevado de forma significativa las exigencias de cumplimiento para plataformas de criptomonedas y proveedores de servicios de activos digitales. El marco de FinCEN requiere procesos de verificación de identidad tan rigurosos como los de la banca tradicional, lo que marca una convergencia regulatoria relevante. Esto implica que cada transacción de usuario debe ser sometida a protocolos de monitorización estrictos, con obligación de registrar datos detallados y detectar actividades sospechosas en tiempo real.
La verificación de identidad va más allá del proceso básico de conocimiento del cliente, abarcando documentación de titularidad, verificación de origen de fondos y diligencia continua. La monitorización de transacciones también se ha reforzado, obligando a contrastar con listas de sanciones, identificar patrones inusuales y cumplir la Travel Rule en transferencias internacionales. Quienes no se adapten a estos estándares KYC/AML de nivel financiero afrontan sanciones de decenas de millones de dólares.
Las agencias regulatorias han mostrado su rigor con acciones recientes contra incumplimientos. Las plataformas que retrasan la implementación o disponen de sistemas de monitorización insuficientes se arriesgan a fuertes multas, restricciones operativas o pérdida de licencia. El sector financiero entiende que esto normaliza el cumplimiento cripto: los reguladores esperan los mismos marcos de control y trazabilidad que en bancos, bolsas y procesadores de pagos. Ver estos requisitos como una carga operativa y no como un imperativo estratégico implica afrontar graves riesgos en un entorno regulatorio cada vez más exigente.
La opacidad sobre las reservas de criptomonedas ha sido durante años un obstáculo para la adopción institucional, creando una brecha de credibilidad. Los estándares de transparencia de auditoría representan una evolución decisiva al exigir reporte en tiempo real de reservas y estados financieros para abordar estos déficits de confianza. La agenda técnica de Financial Accounting Standards Board para 2026 introducirá nuevas directrices contables para cripto, estableciendo requisitos de divulgación claros y facilitando la comparación entre plataformas, además de reducir la complejidad que antes servía de excusa para rechazar propuestas cripto en equipos financieros conservadores.
Los mecanismos de reporte en tiempo real, como las auditorías de Proof of Reserve con verificación Merkle Tree, permiten a las instituciones verificar de forma independiente la solvencia de la plataforma sin revelar la privacidad del usuario. Estos sistemas prueban que los exchanges mantienen suficiente cobertura de activos—por ejemplo, plataformas con cobertura de reservas de Bitcoin del 158 %—aportando transparencia comprobable sin poner en riesgo la seguridad operativa. Las auditorías externas de reservas generan una trazabilidad que satisface las demandas regulatorias y refuerza la confianza del usuario mediante la protección demostrada de los activos. Combinados con la divulgación estandarizada de estados financieros exigida por las nuevas normas, el reporte en tiempo real convierte la transparencia de auditoría en un mecanismo de cumplimiento que responde tanto a los requisitos regulatorios como a las exigencias de confianza institucional. Este avance hacia el reporte transparente y estandarizado redefine cómo el sector cripto acredita su conformidad con los nuevos marcos de auditoría y divulgación.
La conformidad en criptomonedas implica ajustarse a los requisitos legales y regulatorios. En 2026, esta exigencia es fundamental por el aumento de la regulación de mercado, la verificación obligatoria de inversores, los requisitos de listas blancas y la aplicación estricta de los estándares KYC/AML por parte de la SEC.
KYC verifica la identidad y legitimidad del usuario en las operaciones cripto. AML monitoriza los movimientos de fondos para prevenir actividades ilícitas. Ambos ayudan a las plataformas a combatir el fraude y mantener la conformidad regulatoria en 2026.
La SEC ha retirado las criptomonedas de sus prioridades de examen para 2026 y dirige su enfoque a otros segmentos financieros. El organismo está definiendo marcos regulatorios más precisos en vez de aplicar sanciones agresivas, lo que marca un enfoque más equilibrado en la supervisión cripto.
Exchanges y servicios de billetera deben cumplir normas KYC/AML, obtener licencias de transmisor de dinero, implantar sistemas de monitorización de transacciones, disponer de reservas de capital suficientes, segregar los fondos de clientes, informar sobre actividades sospechosas y respetar la normativa local de lucha contra la financiación del terrorismo en todas las jurisdicciones.
La transparencia de auditoría refuerza la confianza del inversor y garantiza el cumplimiento regulatorio. Las auditorías on-chain verifican transacciones blockchain en tiempo real; las off-chain revisan registros financieros y operaciones. Ambas reducen riesgos y demuestran la integridad del proyecto ante reguladores y partes interesadas.
Adoptar tecnología de zero-knowledge proof y monitorización on-chain en tiempo real, aplicar políticas KYC/AML multijurisdiccionales, desplegar sistemas RegTech automatizados y mantener registros de auditoría transparentes para asegurar conformidad con la SEC y transparencia regulatoria.
Los marcos regulatorios varían mucho globalmente: los países desarrollados imponen requisitos más estrictos, mientras que otros ofrecen menos regulación. Las empresas deben recurrir a asesoría legal local, estrategias de cumplimiento integrales e iniciativas de transparencia fiscal. La conformidad es vital, ya que los mecanismos CRS y la cooperación internacional permiten el intercambio automático de información, haciendo obligatoria la conformidad transfronteriza para mitigar riesgos.
La infracción de normas KYC/AML o de la SEC puede conllevar multas elevadas, prohibición de actividad y pérdida de confianza en el mercado. Los proyectos se exponen a sanciones regulatorias, multas multimillonarias y restricciones operativas. En 2026, la aplicación sigue siendo rigurosa y las infracciones pueden provocar daños reputacionales permanentes y exclusión del ecosistema.











