
La SEC ha transformado de forma significativa su enfoque para clasificar los activos de criptomonedas entre 2017 y 2026. En un principio, el organismo aplicaba criterios estrictos y consideraba la mayoría de los tokens como valores, lo que generaba una notable incertidumbre regulatoria. Sin embargo, en 2025 la SEC dio un giro relevante al establecer una taxonomía basada en la función, reconociendo que los activos digitales no pertenecen a una sola categoría regulatoria. El presidente de la SEC, Atkins, recalcó que los tokens sujetos a contratos de inversión no son "valores para siempre", anticipando un marco de clasificación más matizado y ajustado a la realidad económica.
El test de Howey sigue siendo la referencia central en las decisiones de clasificación de la SEC, como estándar legal para determinar si un instrumento constituye una oferta de valores. Este test analiza si existe un contrato de inversión mediante cuatro elementos: inversión monetaria, empresa común, expectativa de beneficios y dependencia de los esfuerzos del promotor. En los procedimientos de 2024 y 2025, los tribunales aplicaron de manera consistente el marco de Howey, aunque introduciendo matices importantes. El caso Ripple reflejó esta distinción: las ventas institucionales de tokens se consideraron ofertas de valores no registradas, mientras que las ventas programáticas en exchanges no se clasificaron como valores.
Actualmente, el marco regulatorio de la SEC diferencia entre distintos tipos de activos digitales. Bitcoin y Ethereum se consideran, principalmente, materias primas bajo la supervisión de la CFTC. Por el contrario, los stablecoins respaldados por reservas de alta calidad y destinados a fines comerciales, y no de inversión, quedan expresamente fuera de la definición de valor según la guía de la SEC publicada en abril de 2025. Este enfoque funcional refleja el reconocimiento del organismo de que la clasificación de las criptomonedas depende de su operativa y de los derechos que otorgan a los titulares, y no de una clasificación general.
La intensificación del escrutinio regulatorio sobre los activos digitales obliga a los proveedores de servicios de criptomonedas a implantar marcos de cumplimiento equivalentes a los estándares bancarios tradicionales. La transición hacia requisitos de AML/KYC de nivel financiero supone un incremento directo de los costes de cumplimiento en todos los ámbitos operativos.
El gasto en personal representa una parte relevante de los costes de cumplimiento de KYC/AML. Las empresas deben contratar oficiales, analistas e investigadores expertos capaces de monitorizar patrones complejos de transacción y de justificar posibles infracciones ante los reguladores. Esta necesidad de alta especialización eleva de manera significativa la masa salarial, especialmente por la demanda de profesionales con experiencia en cumplimiento cripto.
La infraestructura tecnológica representa otra partida crítica del presupuesto. Los sistemas de monitorización avanzada, las herramientas de screening para sanciones y listas de vigilancia, y las plataformas de vigilancia de transacciones son la base de las operaciones de cumplimiento modernas. Además, la implantación de soluciones basadas en inteligencia artificial—que reducen los falsos positivos y agilizan las investigaciones—requiere una inversión inicial elevada y un mantenimiento constante. Estas capacidades tecnológicas deben estar respaldadas por marcos de gobernanza sólidos, que aseguren que la supervisión humana sigue siendo esencial en la toma de decisiones.
La gestión de proveedores externos incorpora una nueva dimensión de costes. Los socios fintech que participan en el onboarding de clientes o el procesamiento de transacciones exigen una diligencia debida rigurosa y monitorización continua, lo que amplía la responsabilidad de cumplimiento y los gastos asociados. Los cambios normativos obligan a actualizar los sistemas y a formar regularmente al personal, generando una presión acumulativa de costes que continuará en 2026 y los años siguientes.
El escrutinio de la SEC ha situado los requisitos de transparencia de auditoría como elemento central del cumplimiento para exchanges de criptomonedas sujetos a una supervisión reforzada. Estas exigencias obligan a las plataformas a registrar auditorías completas, presentar estados financieros periódicos a las autoridades y documentar todos los procesos operativos relacionados con la protección del cliente. Esta presión regulatoria influye directamente en la implantación de normas reforzadas de diligencia debida, que superan con creces los protocolos de verificación básicos.
La diligencia debida reforzada implica un enfoque basado en el riesgo para prevenir delitos financieros como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los controles ya no se aplican de forma homogénea: las plataformas llevan a cabo verificaciones rigurosas para perfiles de alto riesgo, incluyendo confirmación detallada de identidad, justificación del origen de los fondos y monitorización continuada de las transacciones. Este enfoque multifactorial contempla la verificación en tiempo real contra listas de sanciones, el análisis de patrones de comportamiento transaccional y revisiones periódicas de cuentas para detectar operaciones sospechosas.
La combinación de transparencia de auditoría y diligencia debida reforzada genera un ecosistema de cumplimiento integral. Los exchanges deben documentar cada fase del onboarding, mantener registros pormenorizados de las verificaciones y poner toda la información a disposición de los reguladores. Las tecnologías avanzadas permiten la monitorización continua de las actividades de los clientes y generan logs de auditoría que acreditan el cumplimiento de los requisitos AML y KYC.
Para los exchanges, alcanzar ambos estándares exige una inversión operativa considerable. Los equipos de cumplimiento deben tener capacidad para identificar transacciones de alto riesgo, las plataformas necesitan integrar software avanzado de monitorización y el personal debe recibir formación periódica ante la evolución de las exigencias regulatorias. No obstante, este mayor control refuerza la integridad del mercado cripto, reduce el riesgo de fraude sistémico y genera confianza entre inversores institucionales, al demostrar que los exchanges mantienen marcos de cumplimiento equivalentes a los de los servicios financieros tradicionales.
La operativa en múltiples jurisdicciones plantea a las plataformas de criptomonedas el reto de afrontar requisitos regulatorios contradictorios, que exigen una alineación jurisdiccional precisa. El refuerzo del control de la SEC sobre el cumplimiento en exchanges ha acelerado la necesidad de marcos de gestión de riesgos que armonicen las obligaciones a nivel internacional y mantengan políticas sólidas de KYC/AML. Las plataformas deben equilibrar regulaciones locales muy diversas con estándares globales, lo que genera una complejidad operativa que abarca desde la privacidad de los datos hasta la verificación de clientes y la monitorización de transacciones.
La implantación de marcos integrales de gestión de riesgos, como ISO 31000 y COSO ERM, permite a las empresas identificar de manera sistemática las carencias regulatorias entre jurisdicciones. Estos marcos favorecen el cumplimiento multijurisdiccional al establecer protocolos estandarizados para evaluar y mitigar los riesgos inherentes a la operativa internacional. Los exchanges que aplican estos sistemas coordinan de forma más eficiente los procesos de KYC/AML, los protocolos de respuesta ante incidentes y los requisitos de notificación de brechas entre regiones.
Las obligaciones de respuesta ante incidentes difieren considerablemente según la jurisdicción: algunas exigen notificación de brechas en 72 horas y otras establecen plazos distintos. Esta diversidad obliga a disponer de sistemas centralizados de monitorización capaces de rastrear las obligaciones específicas de cada país y de mantener auditorías exhaustivas. La gestión de proveedores externos es igual de relevante, ya que los exchanges deben asegurarse de que los terceros extranjeros cumplen con la normativa vigente. Con políticas claras, controles sólidos y estructuras de gobernanza coordinadas internacionalmente, las plataformas pueden lograr la alineación jurisdiccional y demostrar su compromiso con los estándares de la SEC y las expectativas regulatorias internacionales.
La SEC regula los exchanges de criptomonedas bajo la normativa de valores, con especial atención a la prevención del fraude y la transparencia del mercado. El organismo ha evolucionado hacia un enfoque más flexible, ejerciendo jurisdicción sobre los aspectos relacionados con valores en la negociación de criptoactivos, los tokens con características de valor y el cumplimiento por parte de los exchanges de los requisitos KYC/AML.
Las empresas de criptomonedas deben verificar la identidad mediante documento oficial (pasaporte, permiso de conducir), realizar verificación facial a través de selfie y recopilar comprobantes de domicilio (factura de servicios, extracto bancario) para cumplir los requerimientos de KYC de la SEC.
El control de la SEC eleva los estándares de cumplimiento AML en los exchanges, exigiendo una verificación reforzada de clientes, monitorización de transacciones y sistemas de reporte. Esto reduce el riesgo de actividades ilícitas, aumenta el atractivo para inversores institucionales y favorece la madurez del mercado, aunque supone un mayor coste operativo de cumplimiento.
Las compañías de criptomonedas aplican procedimientos KYC/AML para ajustarse a la SEC y, a la vez, recurren a cifrado y tecnologías de mejora de la privacidad para proteger los datos de los usuarios. Un cumplimiento eficaz exige políticas sólidas, minimización del tratamiento de datos, almacenamiento seguro y comunicación transparente con los usuarios sobre el uso de su información.
Cada país adopta estrategias diferentes: la SEC se centra en la ley de valores y la clasificación de activos, mientras que otros priorizan marcos basados en riesgos y cumplimiento AML/CFT. El consenso internacional tiende a clasificar las criptomonedas según su función económica, no la tecnología, y a dar prioridad a la protección del consumidor y la estabilidad financiera.
Implementar un cumplimiento reforzado de KYC/AML suele implicar un coste de 28 millones de dólares o más por empresa de criptomonedas. Los gastos incluyen la formación de personal, la actualización de la infraestructura tecnológica y el mantenimiento continuo de sistemas de monitorización. El coste varía según el tamaño de la compañía y los requisitos regulatorios de cada jurisdicción.
Ripple Labs, Terraform Labs y Telegram Group Inc. han sido sancionados por la SEC. Terraform Labs afrontó la mayor sanción, de 4 680 millones de dólares en 2024, por engañar a inversores y vender valores sin registrar. Ripple Labs fue multada con 125 millones de dólares en 2021 por ventas no registradas de tokens XRP.
La SEC probablemente intensificará la supervisión, clasificando más tokens como valores e imponiendo requisitos de cumplimiento más estrictos a plataformas y emisores. Se prevé la continuación de acciones legales contra entidades no conformes, reglas de custodia reforzadas y marcos regulatorios más estrictos para los mercados de activos digitales.











