

Antes de adentrarse en el conflicto legal, es esencial comprender quién es la figura clave y la plataforma situada en el centro de esta controversia. El fundador es el propietario de una reconocida plataforma de trading de criptomonedas que promete ayudar a los usuarios a aprovechar algoritmos avanzados para maximizar sus beneficios. Basada en inteligencia artificial (IA) y machine learning, la plataforma se ha consolidado como un actor relevante en el sector de las criptomonedas, ofreciendo estrategias automatizadas de trading para Bitcoin, Ethereum y otras divisas digitales populares.
La plataforma se popularizó entre traders minoristas y profesionales gracias a su facilidad de uso, tecnología puntera y la promesa de ofrecer una ventaja en el dinámico mundo del trading de criptomonedas. Sin embargo, con el fundador implicado en un escándalo de sobornos, el futuro de la plataforma está ahora en entredicho.
Según una declaración jurada del FBI presentada el 23 de septiembre de 2024, el fundador habría pagado a agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) hasta 280 000 $ mensuales. A cambio de estos pagos, los agentes estarían implicados en una amplia gama de actividades ilícitas que iban más allá del simple acceso a información confidencial. Estos agentes del LASD supuestamente organizaron redadas, acosaron a competidores del fundador e incluso detuvieron a personas con las que este tenía disputas personales, a menudo bajo cargos inventados.
Un caso especialmente grave involucra a una persona conocida como "Víctima R.C.", un planificador supuestamente detenido por un agente del LAPD en 2021. R.C. fue arrestado por cargos de drogas falsos, con la aparente motivación de perjudicar sus actividades comerciales, según el deseo del fundador. Este arresto fabricado es solo un ejemplo de cómo el fundador presuntamente utilizó a agentes corruptos para eliminar a quienes consideraba amenazas para su éxito.
Las acusaciones de soborno y acoso resultan impactantes, pero solo son parte del expediente contra el fundador. Los fiscales federales también lo acusan de haber eludido más de 1,7 millones de dólares en impuestos federales entre 2020 y 2022. Durante este periodo, el fundador presuntamente no presentó declaraciones de la renta y dejó un rastro de gastos suntuosos que el gobierno ha detectado.
¿A qué destinó el fundador la riqueza sin declarar? Según los investigadores federales, gastó en coches de lujo, alquiló una mansión en el exclusivo barrio de Bel Air e incluso se sometió a una cirugía estética de alargamiento de piernas, reflejo de la extravagancia que marcaba su estilo de vida. Mientras el fundador vivía con grandes lujos, eludía sus obligaciones fiscales con el gobierno de EE. UU. y empleaba estrategias poco éticas para proteger su imperio.
Entre los aspectos más inquietantes del caso destaca el supuesto acoso del fundador a un exasociado identificado como E.Z. La relación entre ambos se deterioró por una deuda de 300 000 $ derivada de una operación fallida con criptomonedas, según alega el fundador. En lugar de acudir a la vía legal, el fundador habría recurrido a sus contactos en el LASD para iniciar una "campaña de intimidación" contra E.Z.
De acuerdo con la declaración jurada del FBI, el fundador llegó a acceder a bases de datos policiales para obtener información personal de E.Z. y su familia. Después, E.Z. recibió mensajes amenazantes, algunos con fotografías personales y datos sensibles de las fuerzas de seguridad. Las amenazas aumentaron, convirtiendo la vida de E.Z. en una pesadilla, mientras el equipo de seguridad del fundador, formado por exagentes del LASD, continuaba acosándolo.
El episodio más grave tuvo lugar en noviembre de 2021, cuando E.Z. y el fundador viajaban por Riverside County, California. Tras parar a comer, un SUV se les acercó y dos individuos, uno armado, intentaron forzar a E.Z. a subir al vehículo. E.Z. logró escapar y avisó a la policía, sospechando que acababa de evitar un secuestro. Los agresores fueron identificados después como exagentes del LASD al servicio del fundador. Este hecho fue la culminación de meses de amenazas y acoso sufridos por E.Z. a manos del fundador y sus colaboradores.
Al margen del uso ilícito de agentes policiales, el fundador habría contratado también a un investigador privado, identificado como K.C., para intensificar el acoso a E.Z. y obtener información confidencial adicional. Este investigador habría llegado a conseguir una orden de rastreo GPS mediante agentes corruptos del LASD, permitiendo monitorizar los movimientos de E.Z. sin su conocimiento ni consentimiento.
La declaración jurada del FBI revela también que la supuesta conducta ilícita del fundador iba más allá del acoso. En un episodio especialmente grave, se acusa al fundador y a E.Z. de irrumpir en la vivienda de otra víctima. El fundador, haciéndose pasar por agente del FBI, confiscó supuestamente un portátil con criptomonedas y, a punta de pistola, obligó a la víctima a entregar la contraseña. Este acto de suplantación y robo parece formar parte de un patrón de engaño, extorsión y soborno para mantener la posición dominante del fundador en el sector.
La implicación de agentes del LASD en este escándalo ha puesto en entredicho la integridad del departamento. Los fiscales sostienen que estos agentes recibían grandes sumas del fundador, llegando a 280 000 $ mensuales, a cambio de ayudarle en sus objetivos delictivos. Sus funciones iban desde acceder a bases de datos policiales hasta realizar detenciones ilegales, presentar órdenes de registro falsas y acosar a los rivales del fundador.
Este caso saca a la luz una cara oscura de las fuerzas del orden, en la que poder y dinero se entrelazan con consecuencias devastadoras para quienes se interponen. La disposición de algunos agentes para abusar de su autoridad por beneficio económico oscurece la reputación del LASD, que ahora debe afrontar las consecuencias del escándalo.
El fundador, por su parte, sostiene una versión contradictoria. Asegura que sus actos estaban justificados porque E.Z. actuaba de forma errática y le debía 300 000 $ por una operación fallida de criptomonedas. Según el fundador, únicamente llamó a su equipo de seguridad para resolver una situación potencialmente peligrosa. El exagente que confrontó a E.Z. armado también defendió su actuación, afirmando que le habían informado de que E.Z. estaba armado, aunque no se halló ningún arma. Lo único encontrado en posesión de E.Z. fue un destornillador eléctrico.
No obstante, la defensa del fundador apenas aclara el alcance de las acusaciones, que incluyen presuntos sobornos, acoso a rivales y evasión fiscal.
La plataforma de trading, antes estrella emergente del sector cripto, ha visto caer en picado su valor tras las acusaciones de sobornos. Con millones de usuarios en todo el mundo, la plataforma afronta ahora el escrutinio de reguladores e inversores. Los cargos contra el fundador han arrojado una sombra sobre el futuro de la empresa y han puesto en duda su viabilidad.
Tras el escándalo, el precio de las acciones de la plataforma se desplomó, provocando fuertes pérdidas a los inversores. La empresa se ha visto presionada para mejorar su transparencia y rendición de cuentas, y sus directivos afrontan una gran presión para responder a las acusaciones.
La investigación sobre el fundador y la plataforma continúa, y los fiscales han prometido llegar hasta el fondo del asunto. El caso está en manos de un equipo de fiscales experimentados que buscan llevar al fundador ante la justicia.
En la investigación participan diversas agencias, como el FBI, el IRS y la SEC, que trabajan coordinadamente para reunir pruebas y construir una acusación sólida contra el fundador.
Mientras el caso contra el fundador avanza, las consecuencias para él, su plataforma y la comunidad cripto son profundas. Si resulta condenado, podría afrontar largas penas de prisión, y el impacto podría ir mucho más allá de su fortuna personal. La plataforma de trading, antes considerada prometedora, se enfrenta ahora a un futuro incierto, mientras inversores y usuarios se replantean si quieren asociarse a una plataforma envuelta en semejante polémica.
Gautam Adani, fundador de Adani Group, afronta acusaciones de estar implicado en un importante esquema de sobornos a varias agencias, incluyendo organismos fiscales y reguladores medioambientales. El caso implica a la filial Adani Green Energy y sigue bajo investigación por corrupción e infracciones regulatorias.
El fundador está acusado de sobornos a fuerzas del orden, evasión fiscal y acoso. Las posibles consecuencias incluyen cargos penales, fuertes multas, prisión, incautación de activos y prohibición permanente para operar en sectores afines.
El escándalo dañó gravemente la reputación de la empresa, provocando pérdida de clientes, descenso de cuota de mercado, desmotivación de los empleados y dificultades de contratación.
Las víctimas de acoso y hostigamiento disponen de protección legal a través de los departamentos laborales y las fuerzas de seguridad. Pueden denunciar, acceder a servicios legales de apoyo y solicitar visados humanitarios. Las empresas deben mantener entornos libres de acoso y ofrecer asistencia centrada en la víctima, como apoyo psicológico y asesoría legal.
Los métodos de evasión fiscal incluyeron sanciones individuales de hasta 250 000 $, sanciones corporativas de hasta 500 000 $ o el doble de las ganancias ilícitas. Entre los métodos concretos figuran ingresos no declarados y ocultación de cuentas en el extranjero.
La investigación está en una fase inicial o intermedia. Las autoridades recopilan pruebas y realizan entrevistas. No se han presentado cargos formales, pero las agencias policiales mantienen el caso bajo investigación activa.
Los inversores deben analizar cuidadosamente su tolerancia al riesgo y sus objetivos con base en la información disponible. La decisión de retirar o mantener inversiones debe responder a sus circunstancias y a una diligencia exhaustiva, no a reacciones impulsivas.











